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Desarrollo Forestal
La pérdida de la cobertura forestal promedio anual comparable en el período 1986/87-1996/97 fue de 164.485 Has, que equivalen a 16.400 has. anuales, mientras que la tasa de recuperación se estimó en 126.772 has., o sea unas 13.000 has. anuales. El ritmo de pérdida de cobertura forestal ha disminuido en los últimos diez años, si comparamos estas cifras con las observadas en décadas anteriores, donde la deforestación pasó de un promedio anual de 36.000 has. en los años 50 a una media de 50.000 has. en la década de los años 70 y mediados del 80. No obstante, de 1986 a 1997 se observa un proceso de recuperación en diferentes regiones del país, en lo que corresponde a regeneración natural y aumento de cobertura por una mayor área de plantaciones forestales; sin embargo, desde el punto de vista de la biodiversidad, se cuestiona la calidad de este bosque. La preocupación nacional persiste por la deforestación en las regiones Norte y la Atlántica, así como en la cuenca del Río Chirripó y la Península de Osa, donde se provoca la fragmentación de ecosistemas. Se tiene conocimiento de 103 especies de fauna silvestre y 45 de árboles maderables en peligro de extinción. Se considera que un 72 por ciento (702.009 has) de las tierras que cambiaron de uso en el período 1979 y 1992 (975.662 has.), fueron en plantaciones forestales, de los cuales un 44 por ciento era bosque natural y un 56 por ciento bosque secundario (SIDES, pág. 386). Los terrenos donde se ha eliminado el bosque para fines agrícolas o ganaderos en su gran mayoría son de vocación forestal y conservación natural, con lo cual sólo se ha contribuido a aumentar la degradación del suelo en el país. CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA ENTRE 1979 Y 19921
En 1996, con la promulgación de la Ley Forestal No. 7575 se estableció el concepto de "servicios ambientales", con cuyo pago se pueden beneficiar aquellos propietarios de terrenos que realicen actividades de protección, conservación y manejo de bosque natural y el establecimiento de plantaciones forestales, siendo el pago de los servicios ambientales orientado a cubrir actividades de:
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), contemplado en la Ley Forestal, está facultado para captar financiamiento para el pago de los servicios ambientales. Algunas fuentes de recursos para promover estos incentivos son el Impuesto Selectivo de los Combustibles, los dineros captados por la venta internacional de servicios de mitigación de gases con efecto invernadero; así como recursos que las instituciones de servicios públicos trasladen al FONAFIFO, provenientes del cobro a los usuarios de los costos ambientales en que se incurre al mantener las fuentes del recurso agua, como también lo que corresponde a la mitigación de los efectos de degradación del recurso. En 1997 el Estado asignó la suma de ¢ 1.789 millones en el financiamiento de 71.000 has. que fueron inscritas dentro de este programa de incentivos. La política forestal nacional se orienta a la protección del bosque natural mediante el desarrollo de actividades relacionadas con los servicios ambientales; asimismo, incentivar la producción y el aprovechamiento forestal de acuerdo al principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Entre las principales medidas que se impulsarán se citan las siguientes:
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