El Ministerio de Hacienda no ha sido capaz a través del tiempo de ordenar las finanzas públicas satisfactoriamente para que el déficit fiscal no se convierta en una traba al crecimiento económico. La persistencia de un alto déficit fiscal ha dado origen a una deuda interna la cual requiere que cada año se destine un mayor porcentaje de los gastos públicos al servicio de la deuda, con el consecuente sacrificio de recursos para sectores estratégicos como educación, salud e infraestructura.

    El déficit del sector público proviene no sólo del exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno Central, sino además de las pérdidas del Banco Central de Costa Rica como consecuencia de asumir operaciones cuasifiscales y activos no rentables.  Por la monetización de este déficit y para contener la presión que podría ejercer sobre la inflación, la autoridad monetaria es obligada a contraer el exceso de circulante mediante la colocación de bonos a tasas de interés mayores a la que recibe por los bonos del gobierno que debe comprar.

    En los últimos años, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas han venido generando superávit. En muchas ocasiones esos excedentes son consecuencia de limitaciones presupuestarias que impone el Gobierno Central con el fin de financiar el déficit fiscal. Esta situación ha impedido que las empresas públicas realicen inversiones con el fin de mantener y extender los servicios que actualmente prestan. Para 1998, se estima que el déficit del sector público rondará el 3,0% del PIB.

    A nivel del Gobierno Central, el gasto se descompone fundamentalmente en tres rubros: Giros, Intereses y Transferencias. Los giros que incluyen sueldos, salarios y pensiones, es el rubro de mayor importancia ya que en lo que va de la presente década ha significado, en promedio, alrededor del 58,0% del total con un crecimiento anual promedio del 24,8%. Es de mencionar que durante los últimos años ha sido cada vez menor.

    A pesar de que los intereses totales en la década pasada no superaron el 15,0% de las erogaciones totales, su importancia relativa se ha incrementado de forma notoria ubicándose 22,9% como promedio anual en la presente década y con un crecimiento anual promedio del 32,3% superior al del gasto total que registró un aumento del 25,2%.

    Las transferencias representan alrededor del 17,0% del gasto total siendo los pagos al sector privado los de mayor peso relativo (13,0%). En particular, destaca el vigoroso crecimiento de las partidas de pensiones, asignaciones familiares y los subsidios a las exportaciones conocidos como Certificados de Abono Tributario (CAT) que en el período 1994-1997 mostraron variaciones anualizadas del 30,0%, 34,2% y 20,5% respectivamente y para 1998 se estima que su crecimiento será aproximadamente del 45,0%. En el futuro se espera que este componente disminuya pues el otorgamiento de CATS se elimina en 1999.

   Un análisis por destino indica que para el lapso 1990-1996 el 77,1% del gasto se asignaba a usos corrientes (consumo, intereses y transferencias) en tanto que el 22,9% restante se dedicaba al renglón de capital del cual la inversión real representó el 4,0% del gasto total. A nivel de sector público, la necesidad de lograr superávit en instituciones tales como el ICE a fin de enjugar el déficit del Gobierno Central, ha mermado las posibilidades de incrementar la inversión pública. El establecimiento de límites al gasto del Gobierno Central ha sido otro factor que ha contribuido al estancamiento de la inversión. Esos límites no parten de consideraciones sectoriales acerca de la asignación del mismo lo cual resulta de fundamental importancia a fin de evaluar el efecto del gasto sobre los grupos hacia los que va asignado. Además no existe un vínculo entre la planificación y el presupuesto que considere los costos unitarios de los programas, ni un empate entre los planes de inversión de las instituciones públicas y un plan fiscal de mediano plazo.

    Pese a que el Estado costarricense se financia básicamente mediante impuestos, la gran cantidad de ellos representa un serio escollo para la eficiencia en la recaudación. En efecto, los ingresos corrientes del Gobierno Central provienen de 70 tipos de ingresos de los cuales los tributarios representan el 95,6% del total. Además, solamente cuatro impuestos representan el 88,0% de las rentas tributarias, estos son: ventas (43,7%), consumo (17,1%), renta (15,9%) y derechos de importación (11,2%), lo cual muestra que el sistema tributario actual es altamente regresivo. Además los otros ingresos tributarios que generan únicamente 12% tienen un elevado costo administrativo.

    Un elemento importante de resaltar es la diferencia existente entre lo efectivamente recaudado por algunos impuestos respecto a lo que sería de esperar considerando sus tasas impositivas promedio lo cual es un indicador de la evasión y consecuentemente de los problemas relacionados con el cobro de los impuestos. Por ejemplo, el impuesto de ventas actualmente es del 13% y sólo representa 6,9% del PIB por recuadación interna y por importaciones. El impuesto sobre la renta tiene una base entre 10% y 20% y sólo genera 2,5% del PIB, además este impuesto posee serios problemas ya que trata de manera distinta a personas físicas y jurídicas, además del problema de la doble imposición de utilidades: el castigo al ahorro y el incentivo al endeudamiento bancario por parte de las empresas.

     A nivel estructural, el impuesto selectivo de consumo continúa abarcando una gama superior a los 100 artículos de los cuales siete de ellos recaudan 73% del total por este concepto. Por ello, a fin de lograr mayor eficiencia en la recaudación éste debería limitarse a los bienes más importantes. Por otro lado, pese a que el impuesto sobre las ventas se ha constituido en el principal rubro de recaudación, su cobertura se limita exclusivamente a los bienes dejando de lado los servicios, razón por la cual, es necesaria una ampliación de dicha cobertura.

    A nivel funcional, las reformas en el área administrativa iniciadas a partir del segundo semestre de 1996 necesitan continuarse y reforzarse, en particular, es necesario perfeccionar las bases de información para un adecuado registro y recaudo de los tributos, además, un recurso humano mejor entrenado rendirá mejor en un área tan importante como la tributaria. El concentrar la atención en los grandes contribuyentes es una tarea pendiente a fin de mejorar la fiscalización y el recaudo, así como revisar el esquema actual que sirve como escudo fiscal, como por ejemplo el Régimen de Tributación Simplificada.

    Durante la década de los ochenta, el financiamiento del déficit del Gobierno Central descansaba primordialmente en la obtención de recursos externos (préstamos), sin embargo, el cambio en las condiciones económicas internacionales ha hecho cada vez más difícil la obtención de los mismos con lo cual, dicho financiamiento se basó en endeudamiento interno. Los crecientes déficit fiscales y las tasas de interés cada vez mayores generaron un crecimiento desproporcional en este agregado. Desde 1995 la deuda interna bonificada como porcentaje del PIB fue superior al 30% llegando a representar en 1997 el 37% y elevando la deuda pública interna total al 50% del PIB. Esa situación originó un importante crecimiento en la razón intereses de la deuda interna respecto al gasto público total la cual era de 4,1% en 1984, 17,9% en 1991 y en 1997 23,1%.

    El rubro de pago por concepto de intereses reviste particular importancia debido a su magnitud. Si bien el déficit financiero del Gobierno Central se ha ubicado alrededor del 3,9% del PIB en la actual década un análisis del superávit primario muestra un resultado completamente diferente pues se alcanzó un superávit del 0,5% del PIB como promedio. En conclusión, el peso promedio del pago de intereses de la deuda ha sido de alrededor del 4,5% del PIB y para 1997 fue del 4,0%.

    No es sino hasta mediados de la presente década que se le brinda atención a este problema tratando de plantear alternativas para su manejo. Sin embargo, las limitaciones de índole político han complicado la implementación de las medidas sugeridas, las cuales resultan indispensables a fin de mejorar la estabilidad económica y lograr canalizar recursos hacia áreas de mayor importancia tales como salud, educación, vivienda e infraestructura.