Oportunidades
 
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Lucha
Contra la Pobreza
OBJETIVO
Los esfuerzos del Estado costarricense en
torno a la lucha contra la pobreza se orientaran a actuar paralelamente sobre las causas
que la generan y sobre las manifestaciones del fenómeno, en procura de reducir su
magnitud y de mejorar las condiciones de vida de las familias en desventaja social, como
elemento indispensable para alcanzar un desarrollo humano integral.
DIAGNÓSTICO
En el contexto internacional Costa Rica se
destaca por su alto nivel de vida, evidencia de lo anterior es la evolución de la pobreza, que
resalta la tendencia relativa descendente que presenta el fenómeno, en el período
1991-1997, pasó de 31,9% a un 20,7%. Pero a diferencia de este comportamiento
general los hogares en condición de extrema pobreza o indigencia presentan una
tendencia oscilatoria, situación que debe analizarse con detenimiento en la medida que
tal condición se encuentra mayormente asociada a factores de tipo estructural y por ende,
para enfrentarla se requiere de modificaciones tanto en el ámbito económico como en el
social y cultural.
El gran peso de la población infantil
(alrededor de uno de cada tres niños menores de 12 años vive en condiciones de pobreza),
las bajas tasas de ocupación
y el reducido nivel de escolaridad, así como las altas tasas de desempleo abierto y la
alta proporción de jefaturas de hogar
femenina (uno de cada dos hogares en extrema pobreza en el área urbana),
configuran características sociodemográficas de los hogares pobres que requieren ser
enfrentadas para que los programas que se impulsan alcancen la efectividad esperada.
Dentro de una serie de factores que restan
efectividad a la acción social en general y a los programas de lucha contra la pobreza en
particular se pueden mencionar los siguientes:
- Costa Rica ha desarrollado con éxito políticas de
carácter universal
alcanzando índices de desarrollo humano relativamente altos,
colocándose a la vanguardia frente a países de condiciones similares. Sin embargo, para
atender de forma efectiva la pobreza a partir de la situación actual se hace necesario
complementar las políticas universales con políticas y programas selectivos hacia la
población objetivo. Los recursos aplicados a programas como Bono de la Vivienda,
Pensiones del Régimen No Contributivo, Comedores Escolares, Servicios de Salud y Bono
Educativo financiados con FODESAF son percibidos en porción importante por costarricenses
con niveles de ingreso medio. Esto le resta efectividad e impacto a los programas.
Persiste duplicidad de funciones de las instituciones de
acción social y una proliferación de programas sin articulación que genera
duplicidad de gastos, encarecimiento de acciones y dispersión de recursos dirigidos hacia
la misma población.
La ausencia de coordinación en la ejecución de programas impide
enfrentar la pobreza de manera integral y en sus causas. Se atienden necesidades de forma
separada y no se facilitan las condiciones de promoción humana tendientes a generar una
situación de bienestar sostenible para la familia o individuo sujeto de la acción
social. En Costa Rica, los pobres perciben soluciones parciales y separadas de un conjunto
institucional sin coordinación.
Desarticulación entre la oferta de soluciones y la
población objetivo: Son los pobres precisamente las personas menos organizadas y con
menor capacidad de gestión ante organizaciones oferentes de servicios, en algunos casos
son otros sectores sociales quienes se ven beneficiados al percibir la ayuda del gobierno
mediante programas dirigidos en forma no exclusiva a mejorar las condiciones de vida.
Corresponde entonces al gobierno asumir de manera especial la representación de los
sectores más desposeídos e incluir en la agenda de gobierno acciones directamente
vinculadas con la atención de estos grupos de población y asegurar que esos recursos
sean utilizados en atención a la población objetivo.
La ausencia de sistemas efectivos de evaluación de impacto
y eficiencia de los programas: Por ejemplo, en el caso de DESAF, a esta función se le
ha restado importancia ya que ha perdido competencia en materia de evaluación y
planificación, dado que se han aprobado leyes que asignan más del 77% a destinos
específicos y la Contraloría General se ha pronunciado mediante oficio #786-OD en donde
indica que "Los recursos destinados por la ley ( … ) escapan a las medidas de
control que la DESAF debe ejercer sobre los recursos de FODESAF, al variarse tácitamente
su finalidad". Esto contradice el espíritu de la Ley 5662 que hace 24 años
determinó que esos fondos deben dirigirse a atender las necesidades de los costarricenses
en situación de pobreza.
El alto componente de gasto administrativo reduce el
porcentaje de recursos que llegan efectivamente a la población. La inercia institucional
no permite variar programas que se desarrollan en un determinado momento aunque estos ya
no sean pertinentes.
La legislación que asigna destinos específicos a los
recursos de FODESAF en algunos casos permite que no se atienda la población meta.
Además, los destinos específicos asignados por ley ascienden al 77%, de los cuales 53
puntos deben orientarse a pensiones RNC y bonos de vivienda.
Para enfrentar esas deficiencias el gobierno
ha planteado una serie de iniciativas dentro de las cuales se destaca el Plan Nacional de
Solidaridad que incorpora importantes elementos sobre la orientación de la política
social en general y de de la lucha contra la pobreza en particular para el cuadrienio
1998-2002.
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