El uso de la tierra debe ser planificado y administrado por los Gobiernos Locales en forma integral, considerando las diferentes necesidades de la población en sus actividades económicas, sociales, ambientales, así como por la disponibilidad y racionalidad de los recursos hídricos, la biodiversidad y aspectos geofísicos. De la información actual, se deriva que existe una mala utilización del recurso suelo donde el 45,3 por ciento se encuentra subutilizado, el 26,5 por ciento sobreutilizado y únicamente un 28,2 por ciento se usa adecuadamente (ver cuadro 1). Las regiones que presentan el comportamiento más critico por la subutilización son la Chorotega y la Pacífico Central, mientras que en la región Huétar Norte el problema fundamental es el subuso del suelo en sus tres cuartas partes.

    Cuadro 1
Uso de la tierra por regiones
según: uso adecuado, subuso, sobreuso
1990
- en hectáreas -

    Las instituciones públicas vinculadas con el ordenamiento territorial, y las Municipalidades, no han logrado atender las necesidades y demandas de la población, por la duplicidad de funciones, la dispersión del marco legal existente y la escasez de recursos de inversión. La mayoría de acciones institucionales relacionadas con los planes de manejo de las áreas de conservación, la zonificación agropecuaria, los planes reguladores urbanos, la zona marítimo terrestre, los proyectos de ordenamiento de cuencas, y otros; no se articulan a pesar de los enormes recursos económicos que se destinan en diferentes propuestas e instancias organizativas de coordinación; siendo necesario impulsar un proceso de articulación del marco legal existente con respecto al ordenamiento territorial.

    En las áreas urbanas se refleja el crecimiento espontáneo de las ciudades por la falta de infraestructura adecuada, el desorden en la prestación de los servicios básicos, la contaminación de los ríos con aguas negras, servidas y desechos, la débil aplicación de los instrumentos como los planes reguladores urbanos, las limitaciones para evitar la degradación ambiental, el deficiente manejo de los desechos sólidos, la contaminación del aíre y la pérdida de la biodiversidad y el paisaje en general.

    Entonces se plantea como principal objetivo nacional la revisión y articulación del marco legal del ordenamiento territorial, que permita fortalecer las potestades institucionales para garantizar el apoyo a las Municipalidades en la gestión y administración territorial. En este marco de lineamientos de política, es indispensable la disposición de un Sistema Nacional de Información Territorial, el establecimiento de mecanismos para mejorar los catastros municipales, el proceso de transferencia de información y asistencia técnica a las municipalidades, el establecimiento de las Juntas Municipales de Ordenamiento Territorial con el fin de garantizar el manejo adecuado de los espacios territoriales y promover actividades de renovación urbana de las principales ciudades del país.

    En el corto plazo la política gubernamental se orienta a ejecutar los planes de manejo de las áreas silvestres protegidas (especialmente los parques nacionales y las reservas biológicas). Asimismo, a promover la planificación para el manejo de las áreas rurales mediante procesos de conservación y recuperación del suelo, para lo cual las instituciones del Estado y los Gobiernos Locales deben facilitar y participar en el crecimiento ordenado de los conglomerados urbanos, cobrando especial relevancia la renovación urbana en el Gran Area Metropolitana (GAM), al igual que el ordenamiento territorial marino en las unidades espaciales costeras, con el fin de mantener el equilibrio ecológico de sus ecosistemas.

        2. La Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas

    La tendencia mundial actual de pérdida de la biodiversidad es alarmante y en los foros internacionales y nacionales se reconoce la necesidad de reducirla, mejorando nuestro empeño colectivo por comprender, evaluar y utilizar en forma sostenible nuestra base de recursos vivos". Los esfuerzos nacionales en la consolidación del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (SINAP) es el resultado del interés de los costarricenses por conservar la biodiversidad.

    Las categorías actuales de manejo, con una superficie de 1.284.545 has, agrupadas en 132 áreas silvestres protegidas alcanzan una cuarta parte del territorio nacional (24.7%), conteniendo el 95 por ciento de las especies silvestres del país y la mayoría de los hábitats existentes, siendo el tesoro natural más importante para las presentes y futuras generaciones de costarricenses. La consolidación y el fortalecimiento de esta riqueza natural, depende del esfuerzo conjunto del Estado, del sector privado y de las comunidades, ya que implica una enorme erogación de recursos financieros y técnicos en su mantenimiento y administración.

    Se requiere continuar con el trabajo de consolidación del SINAP, como un modelo de gestión institucional eficiente y de busca de alternativas para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones circunvecinas a las áreas protegidas. Es importante establecer un Fondo Nacional de Adquisición de Tierras, para garantizar que los terrenos de propiedad privada en los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas sean patrimonio nacional.

    La política gubernamental también se orienta a garantizar la protección, el aprovechamiento y la restauración de los ecosistemas naturales nacionales considerados patrimonio nacional. Para lo cual se impulsará la consolidación de las reservas naturales privadas, las reservas hidrológicas nacionales y municipales y las reservas naturales comunales. Asimismo se promoverá la bioprospección entendida ésta, como la búsqueda sistemática del conocimiento de especies silvestres, genes y sus productos con un uso real o potencial para los seres humanos.

    Se continuará con el establecimiento de nuevos parques nacionales como Playa Camaronal en Guanacaste; Maquenque en la zona fronteriza con Nicaragua y el Cerro de la Muerte. También se promoverá con Nicaragua el Parque Internacional SI-A-PAZ, con Panamá la consolidación del Parque Internacional la Amistad, así como la construcción de infraestructura para incentivar el ecoturismo, la investigación científica y la recreación en los parques poco desarrolladas del país como Tortuguero, Colorado, Hitoy-Cerere, Gandoca-Manzanillo, Guayabo, Volcán Turrialba, Corcovado, Piedras Blancas e Isla del Caño.

    La consolidación financiera del SINAP implica generar de recursos propios; promover la cooperación internacional; la captura y venta de carbono; el pago de servicios ambientales y el desarrollo de mecanismos eficientes de administración que permitan la utilización racional de los recursos generados. Estos esfuerzos deben asociarse con el fortalecimiento también de las zonas de amortiguamiento, los corredores biológicos, el manejo de bosques y cuencas hidrográficas, el establecimiento de zoocriaderos; la consolidación de las reservas o los territorios indígenas; la creación de reservas naturales y privadas y proyectos agroforestales.

        3. El Recurso Forestal

Los estudios forestales señalan la importancia del bosque para el desarrollo nacional, donde Costa Rica debería mantener bajo cobertura boscosa un 64 por ciento del territorio nacional, del cual el 35 por ciento tiene capacidad de bosque productivo comercial y el 29 por ciento con fines de protección natural. El "Estudio de Cobertura Forestal 1996/1997 y Cambio de Cobertura para el Período 1986/87 y 1996/97 para Costa Rica" de abril de 1998 (UCR–CCT), plantea que para 1997 el país posee una cobertura forestal de aproximadamente un 40,3 por ciento del territorio, la cual es menor en un 10 por ciento a la observada en el período 1986/87. Lo anterior significa que existe un 24 por ciento del territorio nacional que debe conservarse con plantaciones forestales o bosque de conservación natural.

    La pérdida de la cobertura forestal promedio anual comparable en el período 1986/87-1996/97 fue de 164.485 hectáreas (has.), que equivalen a 16.400 has. anuales, mientras que la tasa de recuperación se estimó en 126.772 has., o sea unas 13.000 has. anuales. El ritmo de pérdida de cobertura forestal disminuyó en los últimos diez años, si comparamos estas cifras con las observadas en décadas anteriores, donde la deforestación pasó de un promedio anual de 36.000 has. en los años 50 a una media de 50.000 has. en la década de los años 70 y mediados del 80. No obstante, de 1986 a 1997 se observa un proceso de recuperación en diferentes regiones del país, en lo que corresponde a regeneración natural y aumento de cobertura por una mayor área de plantaciones forestales; sin embargo, desde el punto de vista de la biodiversidad, se cuestiona la calidad de este bosque.

    La preocupación nacional persiste por la deforestación en las regiones Norte y la Atlántica, así como en la cuenca del Río Chírripo y la Península de Osa, donde se provoca la fragmentación de ecosistemas. Se tiene conocimiento de 103 especies de fauna silvestre y 45 de árboles maderables en peligro de extinción. Se plantea que un 72 por ciento (702.009 has) de las tierras que cambiaron de uso en el período 1979 y 1992 (975.662 has.), fueron en plantaciones forestales, de los cuales un 44 por ciento era bosque natural y un 56 por ciento bosque secundario (SIDES, pág. 386). Los terrenos donde se ha eliminado el bosque para fines agrícolas o ganaderos en su gran mayoría son de vocación forestal y conservación natural, con lo cual sólo se ha contribuido a la degradación del suelo.

    En 1996, con la promulgación de la Ley Forestal No. 7575 se estableció el concepto de "servicios ambientales", con cuyo pago se pueden beneficiar aquellos propietarios de terrenos que realicen actividades de protección, conservación, manejo de bosque y establecimiento de plantaciones forestales, siendo el pago de los servicios ambientales orientados a cubrir actividades de:

• Fijación de carbono.
• Protección de agua para consumo humano, hidroeléctrico y desarrollo en general.
• Protección de la biodiversidad y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.

    El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), contemplado en la Ley Forestal, está facultado para captar financiamiento para el pago de los servicios ambientales. Algunas fuentes de recursos para promover estos incentivos son el Impuesto Selectivo de los Combustibles y otros hidrocarburos, los dineros captados por la venta internacional de servicios de mitigación de gases con efecto invernadero, así como los recursos que las instituciones de servicios públicos trasladen al FONAFIFO, provenientes del cobro a los usuarios de los costos ambientales en que se incurre al mantener las fuentes del recurso agua, como también lo que corresponde a la mitigación de los efectos de degradación del recurso. En 1997 el Estado asignó la suma de ¢ 1.789 millones en el financiamiento de 71.000 has. que fueron inscritas dentro de este programa de incentivos.

    La política forestal se orienta a la protección del bosque natural en el desarrollo de actividades relacionadas con los servicios ambientales; asimismo, incentivar la producción y el aprovechamiento forestal de acuerdo al principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Entre las principales medidas que se impulsarán en el futuro se citan las siguientes:

• Asegurar el pago puntual y formal de los mecanismos de compensación por prestación de servicios ambientales a los dueños de bosque natural productivo, mediante la canalización oportuna de los Certificados de Protección del Bosque (CPB) de las 200.000 has de bosque privado sometido a manejo sostenible.
• Promover la recuperación del bosque secundario mediante la adopción de mecanismos de compensación por prestación de servicios ambientales que incrementen la cobertura forestal y mejoren el ambiente.
• Ejecutar una política de reforestación masiva de 50.000 has. por año, bajo distintos esquemas, incluyendo la compensación o pago por servicios ambientales.
• Incrementar el valor del árbol, del bosque natural y de las plantaciones forestales, por medio de mecanismos que mejoren la extracción sostenible, el transporte, la industrialización y comercialización.
  

        4. Protección de la Atmósfera

    El país promueve un activo Programa Nacional de Cambio Climático donde se destaca la elaboración del inventario nacional de gases con efecto invernadero (GEI), tomando como referencia al año 1990. Las áreas generadoras de mayores emisiones son: energía, procesos industriales, agricultura, cambio de uso de la tierra y manejo de desechos. Se determinó una emisión total de gases en el país de 4.404.400 toneladas; distribuida en seis tipos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, óxido nitroso, otros óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano. En general las emisiones de dióxido de carbono son las más elevadas con un 87 por ciento del total, siendo el sector energético el que emite el 60 por ciento de ese total, y la actividad del transporte es la que presenta las mayores emisiones (gráfico 1).

    El inventario nacional facilita la elaboración de los escenarios económicos y ambientales para la estimación y análisis de la mitigación de los GE; permitiendo una proyección de la estructura de la economía nacional para los años 2000, 2010 y 2015 y cuales serían sus emisiones. También se elabora un mapa de cobertura de la tierra 1997, utilizando el Sistema de Geoprocesamiento e Imágenes Georeferenciadas (SPRING) e Imágenes Satélites Landsat TM, para contar con las proyecciones y observar el cambio en la cobertura en el uso del suelo.

    El desarrollo del Programa Nacional de Cambio Climático, es un instrumento fundamental que permite al Instituto Meteorológico Nacional (IMN), aumentar su capacidad institucional para enfrentar los retos que implica la reducción de los (GEI) en los diferentes sectores y posicionar a Costa Rica en cumplimiento de los acuerdos internacionales.

El crecimiento demográfico, la industrialización, el proceso de urbanización y el desarrollo agropecuario intensivo crecen rápidamente y con ello la demanda de servicios hídricos, provocando presión sobre los recursos naturales que los provee como el bosque. Las dificultades en la aplicación de una política de ordenamiento y aprovechamiento racional del agua se evidencia también ante el aumento de los problemas de degradación del recurso hídrico; como son las siguientes:

• La disposición de desechos sólidos, industriales, y de aguas negras sin tratamiento en los ríos; como es el caso de la destrucción de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, que afecta también la riqueza pesquera, natural y escénica del Golfo de Nicoya.
• La sedimentación de los embalses y modificación en la intensidad de los caudales provocados por la deforestación.
• La disminución del volumen y contaminación de los acuíferos, así como la salinización de aguas y contaminación de las aguas subterráneas en las ciudades costeras.
• La estacionalidad de las lluvias que provocan escasez de agua en ciertas áreas del país y que se agravan por problemas como el fenómeno Niño Oscilación del Sur (ENOS).

    Una de las mayores debilidades del país es el tratamiento y disposición de aguas residuales, especialmente en la época de verano, donde los ríos pierden la capacidad de dilusión y se evidencia aún más la contaminación proveniente de los colectores de aguas negras de las ciudades y de los procesos industriales. Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) dirigir y establecer acciones de planeamiento, financiamiento y administración de estas actividades; sin embargo la Institución presenta limitaciones administrativas y financieras para asumir la responsabilidad de evitar la degradación de los recursos hídricos.

    El Estado como responsable de establecer los mecanismos y las acciones institucionales, debe enfrentar retos nacionales como son: la coordinación institucional para el ordenamiento territorial por cuencas, fortalecer los programas de manejo de microcuencas, aplicar el marco regulatorio, el monitoreo y control para asegurar el cumplimiento de las normas en el tratamiento de aguas residuales, desarrollar programas de ahorro a nivel domiciliar e institucional y avanzar en la internalización de costos ambientales por el uso del recurso hídrico.

    La política nacional en el campo de los recursos hídricos, es dirigida a la planificación del uso del agua para el desarrollo nacional, fundamentalmente por medio del establecimiento de un Plan Nacional de Ordenamiento del Recurso Hídrico y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Aguas, en el MINAE. Otro frente de acción lo constituye el Plan de Ordenamiento para el Uso Racional de las Aguas Marinas y Protección de Ecosistemas Marinos, así como los esfuerzos que deben ser emprendidos en el área de valoración económica del recurso, para incorporar los costos ambientales de producción del recurso y la internalización de los efectos de degradación producidos por el uso.

        6. Pesca y Acuacultura

    En el período 1990-1997, la actividad pesquera muestra altibajos propios de un estancamiento , sobre todo en 1993 cuando la pesca artesanal experimentó una tendencia a la baja; posteriormente hubo un crecimiento muy modesto, hasta alcanzar una alza significativa en 1996 de un 23,4 por ciento. En cuanto a la pesca industrial, se produce un periodo de altibajos entre 1995 y 1997, destacándose, una disminución del -56,8 por ciento en este último año.

    La acuicultura, no ha tenido la debida atención por las autoridades gubernamentales a pesar de la importancia actual en la generación de empleo, de constituir una fuente de proteína de alto valor nutricional y su participación en la generación de divisas. Costa Rica se ha convertido en un líder mundial en la producción y exportación de tilapia. El INCOPESCA, en coordinación con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y otras instituciones estatales, apoya el desarrollo acuicola en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, con el fin de aprovechar la Estación Acuícola Enrique Jiménez en Cañas. También se plantea como compromiso de la actual administración impulzar políticas de ordenamiento y uso racional del recurso pesquero nacional, y a la vez promover la comercialización e industrialización de los recursos pesqueros y acuícolas. Entre las medidas señaladas que se impulsarán, se destacan:

• Reestructuración del INCOPESCA, para agilizar sus acciones institucionales que permitan el desarrollo pesquero y acuícola.
• Establecer una legislación pesquera y acuicola, enmarcado dentro del concepto de modernización y reconversión productiva.
• Creación de mecanismos financieros que permitan el acceso al crédito por parte de los pescadores artesanales y pequeños productores acuícolas, como un medio de promover la democratización económica y mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras del país.
• Mejorar la infraestructura portuaria pesquera, como la terminal atunera en Puerto Caldera, así como el establecimiento de pequeñas terminales en Golfito, Quepos, Playas del Coco y Portete.
• Fortalecimiento de la investigación pesquera y acuícola, con la formulación de un Plan Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuicolas, para dar prioridad a la investigación dirigida a evaluar la degradación de los recursos marinos.
• Promover la organización de las comunidades pesqueras en Comités Locales de Pescadores, Cooperativas, Asociaciones, con el fin de brindarles formación empresarial, prácticas comerciales y transferencia tecnológica en el desarrollo pesquero.
• Prestar por el INCOPESA, todo el apoyo al desarrollo de la acuicultura para consumo interno y la exportación, aprovechando la experiencia existente en el cultivo de especies.
  

• El encarecimiento de los servicios turísticos ofrecidos por el país, en comparación a otros destinos del Caribe y México.
• El agravamiento de la inseguridad ciudadana.
• El mal estado de las carreteras, puertos y aeropuertos.
• El descuido de los programas de promoción turística en el exterior.
• El incremento en la tarifas de los Parques Nacionales.
• El escaso control ejercido sobre la calidad de los servicios que ofrecen los hoteles, y
• El incremento de basura en las playas y la contaminación en algunos sitios de interés turístico

    Para el primer semestre de 1998, se observa una recuperación de la actividad turística, con un incremento del 19,0 por ciento en el ingreso de turistas con respecto a junio de 1997. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) atribuye este comportamiento a los esfuerzos conjuntos que realiza la empresa privada y el Gobierno en la promoción de turística de Costa Rica.

    En el caso del segmento ecoturismo, la visitación a los Parques Nacionales se concentra en un número reducido de áreas protegidas (Manuel Antonio, Poás, Cahuita y Monteverde), por una mayor promoción de estos destinos por el ICT y los empresarios turísticos. La poca visitación a las demás áreas básicamente se debe también a las limitaciones en las facilidades de infraestructura turística y en los servicios públicos existentes (agua potable, teléfono y servicio eléctrico).

    Las señales de recuperación del turismo en 1998, también plantea una creciente preocupación nacional por los efectos negativos que conlleva la actividad turística, especialmente en relacionado a la conservación de la naturaleza y los impactos culturales en la población. Al respecto, se cuestiona la construcción de hoteles y servicios adicionales, sin responder a planes de la zona marítimo terrestre y los planes de manejo de áreas de protegidas, con la consecuente degradación de los recursos naturales, especialmente por la pérdida de biodiversidad, así como la contaminación física, biológica y cultural de las áreas visitadas.

    En los próximos años, la política oficial en el ecoturismo se dirige a su orientación como fuente de riqueza nacional para el bienestar social y protección del ambiente natural, con el propósito de no deteriorar la base de los recursos naturales. En ese sentido, se impulsará el Plan de Fomento del Ecoturismo, que entre otros componentes debe incluir mecanismos de control e instrumentos de certificación de la empresa ecoturística, así como establecer el marco legal para su adecuada operación. Paralelamente, se debe implementar un Programa de Capacitación y Organización de las comunidades, asi como el apoyo a los microempresarios ecoturísticos.

Gráfico 2

8. Minería

    El mayor número de concesiones no metálicas corresponde a los cauces de dominio público, en las regiones Chorotega, Huétar Atlántica y Norte. No obstante, existen disposiciones de carácter institucional (MINAE) por limitar este tipo de concesiones, en procura de una mayor protección de las cuencas hidrográficas. Se establece como medida de protección, que la extracción debe ser laminar a no más de un metro y medio de profundidad; sin embargo, el Estado carece de mecanismos para el adecuado control de las actividades que se siguen desarrollando con un alto impacto ambiental sobre los ríos y las comunidades aledañas.

    Se propone para los próximos años como política oficial, "promover el aprovechamiento de los recursos mineros generando una distribución justa de los beneficios sociales y económicos en armonía con la naturaleza". Para ello se requiere impulsar un ordenamiento espacial y jurídico de la actividad minera, mediante el desarrollo de un Programa Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Monitoreo de los Recursos Mineros, la ejecución de mecanismos de participación de las comunidades en la actividad minera, la implementación de los estudios de impacto ambiental con un mayor control y monitoreo de la actividad; así como la reorganización de la Dirección de Geología y Minas del MINAE y el Registro Minero Nacional.

9. Vulnerabilidad frente a los Desastres Naturales

    El impacto ambiental, social y económico que ha causado los desastres naturales en los últimos años, demuestra el interés nacional por implementar procedimientos que permitan enlazar los diferentes esfuerzos nacionales para reducir la vulnerabilidad existente en el país. Factores como el crecimiento de la población, aumento de la pobreza, los procesos de urbanización espontáneos, las tendencias en la ocupación del territorio, el deterioro de las cuencas hidrográficas y el desarrollo de infraestructura para el intercambio de bienes y servicios, han aumentado continuamente el grado de exposición de la sociedad ante la diversidad de fenómenos geofísicos o naturales, cuyos efectos han sido amplificados por las alteraciones hechas por el hombre a su entorno.

    Los efectos indirectos causados por el paso de los huracanes Berta, Cesar, Lili y Marco en 1996, produjeron pérdidas por aproximadamente 50 mil millones de colones. También mereció especial interés los desastres causados por el fenómeno hidrometeorológico conocido como el ENOS en 1997, que afectó prácticamente todo el territorio nacional.

    Si bien, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) trabaja en reducir las pérdidas de vidas, propiedades y bienes, por medio de la mitigación y la atención de situaciones de desastre, también es importante incorporar la prevención como parte de la política diaria del Gobierno, con el fin de preservar y no afectar el nivel de vida de la población. Revertir las condiciones actuales de vulnerabilidad del país debe ser un esfuerzo articulado de todos los sectores de la sociedad.

    En este sentido, es fundamental la utilización del Atlas de Amenazas Naturales de Costa Rica de la CNE, por las municipalidades y la instituciones vinculadas con el Ordenamiento Territorial, con el propósito de orientar los esfuerzos de coordinación para la mitigación de efectos como la sequía ante los Fenómenos ENOS y desarrollar la capacidad nacional por contar con mediciones de pronósticos de corto plazo en el campo climático.

10. Energía

    El consumo energético nacional de Costa Rica se basa principalmente en la utilización de tres fuentes de energía, como son los derivados de petróleo, electricidad y biomasa (leña, residuos vegetales y carbón vegetal). El consumo por sector para 1997 fue de aproximadamente 87.200 terajulios, correspondiendo el 46.4 por ciento al sector Transporte, el 26.4 por ciento en el sector Residencial. Comercial y Público, el 26.1 por ciento para el sector Industrial y Agropecuario y el 1.1 por ciento en otras actividades, lo cual está muy correlacionado con el nivel de actividad económica alcanzado.

    La generación, distribución, comercialización y consumo de energía eléctrica es motivo de preocupación y análisis por parte de las instituciones del sector eléctrico nacional, principalmente en lo relacionado con la planificación y la construcción de obras de generación y transmisión en el mediano y largo plazo, que demanda las necesidades del país. Los esquemas de financiamiento, atracción de capital privado, el desarrollo de un mercado eléctrico centroamericano, la participación en el mercado de los generadores privados y la apertura a la participación de empresas eléctricas internacionales, son los principales mecanismos que se plantean, para cubrir la demanda ante las proyecciones de energía eléctrica para los años de 1999 y 2000, dado que las tasas de crecimiento son superiores al 7 por ciento.

    La estrategia de crecimiento que impulsa el Gobierno, para el desarrollo del sector eléctrico se basa en criterios de competitividad en términos internacionales, en condiciones de precio, calidad de punta y cobertura de los servicios. Para ello impulsará la inversión de empresas internacionales de alta calidad tecnológica y costos competitivos, la modernización y fortalecimiento de las empresas eléctricas del Estado, la participación del capital privado en las empresas y activos existentes, el acceso regulado de los generadores privados a las redes eléctricas de transmisión, así como el desarrollo de esquemas de financiamiento de proyectos (mercado accionario y riesgo compartido, entre otros).

        B. LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

1.  Desechos Sólidos

    El problema ambiental más sentido por la población y de difícil solución por su complejidad sociocultural es la contaminación del suelo producida por los desechos sólidos provenientes de las actividades humanas, las cuales se diferencian entre desechos industriales, domésticos y hospitalarios y que generan características físicas, químicas y biológicas, con un efecto nocivo de distinta naturaleza sobre la salud humana, la flora y la fauna; además de los problemas de orden estético. En el caso de los desechos hospitalarios, merece especial atención su disposición y tratamiento por la CCSS, ante el grado de peligrosidad para la salud humana y la biodiversidad en general.

    La información actual no es suficiente y confiable sobre la situación nacional de los desechos sólidos. Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizado en 1996, establece que la cantidad de desechos que se producen anualmente en el país es de 514.935 TM, para un promedio de 0,7Kgs por habitante, donde la cobertura de recolección municipal fue del 66 por ciento, estimándose que de ese total un 15 por ciento fue atendido por empresas privadas.

    La recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos es potestad de las Municipalidades, para lo cual el Gobierno, por medio del MS como rector del sector salud, impulsará como apoyo a las Municipalidades, la formulación de un Plan Nacional de Manejo de Desechos Sólidos, coordinará la ejecución de una campaña nacional de divulgación y educación; y emprenderá los mecanismos de coordinación para mejorar el acceso a los recursos financieros que sean requeridos por las Municipalidades para cubrir las necesidades de inversión.

2. Uso de Agroquímicos

    El uso intensivo de agroquímicos en la agricultura, se evidencia como uno de los principales factores degradantes del suelo, no obstante la complejidad técnica para identificar el daño ambiental causado por el uso de estos productos; ejemplo de esto es la pérdida de 6.000 hectáreas en la región Pacífico Sur, causada por la acumulación de fungicidas que contenían cobre. En el país el desarrollo intensivo de las actividades agropecuarias ha propiciado la utilización de grandes cantidades de agroquímicos, donde en 1996 el consumo de plaguicidas, según el MS, osciló en un promedio de 6,5 kg. por persona, cifra que supera el consumo del resto de los países centroamericanos y alrededor de 7 veces el consumo anual promedio por habitante a nivel mundial.

    El objetivo nacional es reducir la contaminación física, química y biológica, derivada del manejo de sustancias y productos químicos tóxicos. Entre las acciones más importantes se procurará ejercer es un control del uso y manejo de las sustancias y productos potencialmente tóxicos, para lo cual es imperativo el desarrollo de programas permanentes de capacitación dirigidos a la población involucrada en los diferentes procesos de manejo. Se considera fundamental fortalecer los programas de reducción de riesgos; especialmente donde se ubican las áreas de uso intensivo de los plaguicidas, por lo que se incentivará la utilización de tecnologías apropiadas en la producción para el manejo integrado de plagas, así como la agricultura orgánica y se reforzará las acciones del sistema de registro y control de sustancias importadas por el MS.

3. Contaminación de los Recursos Hídricos

    Generalmente los ríos han sido utilizados como un medio para la eliminación de las aguas negras, los desechos industriales y domésticos, las aguas residuales y plaguicidas; ante la carencia de redes de alcantarillado sanitario y el funcionamiento inadecuado de los sistemas de tratamiento existente.

    La contaminación mayor del país se concentra en la cuenca del Río Grande de Tárcoles, donde en un área de 2.169 Km2 en 1996, se localiza el 55 por ciento de la población nacional, el 85 por ciento de los servicios, industrias y comercios, el 80 por ciento del servicio de transporte público, y se procesa el 50 por ciento del café. Los estudios determinan que sólo en la GAM se descargan en los ríos diariamente 300.000 kgrs de desechos orgánicos e industriales, de las cuales 250.000 kg./día proceden de los beneficios de café. En otras regiones de agricultura intensiva la contaminación de las aguas está dada por el uso de agroquímicos e inadecuada disposición de los desechos, situación especialmente grave en la zona Atlántica por la actividad bananera.

    Las principales acciones para contrarrestar la contaminación del agua, están dirigidas a establecer un sistema nacional de monitoreo de la calidad del agua, el cumplimiento de las normas de disposición de aguas residuales, aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario para garantizar la adecuada disposición de excretas y su tratamiento, así como fortalecer el Programa Nacional de Letrinización rural.

   4.  Contaminación del Aire

    La flota vehicular representa el sector que más contamina el aire con un 70 por ciento de las emisiones totales para 1997 (511.670 vehículos). El problema en general se asocia a la calidad de los combustibles, la deficiente infraestructura vial, y a la flota vehicular que ha crecido enormemente, sobre todo con la importación de vehículos usados; siendo la edad promedio de la flota vehicular del país de 12 años. La CCSS reporta que la incidencia de los gases en la salud de la población del Área Metropolitana es alta, ya que se registran más de 250.000 incapacidades por enfermedades pulmonares (Catafesta, 1997). Anualmente ocurren 2.500 hospitalizaciones y 37.000 consultas externas relacionadas con exposiciones atmosféricas, siendo las más comunes las enfermedades respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, cánceres y neurosis.

    En este sentido, es necesario reducir los niveles de contaminación del aire, causada por fuentes móviles y fijas, con acciones que se orienten a establecer las normas de niveles permisibles de contaminación del aire; poner en ejecución la Red Nacional de Monitoreo y Control de la calidad del Aire; intervenir áreas críticas de contaminación, modernizar la flota vehicular principalmente la transporte público y hacer uso eficiente de la infraestructura vial existente.

        C.  VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES

    Los esfuerzos de los últimos gobiernos se centran en los ajustes de tipo macroeconómico orientados a atenuar los desequilibrios de la economía, con una perspectiva predominante de corto plazo. No obstante, cada vez más aumenta la preocupación sobre la sostenibilidad del desarrollo nacional (perspectiva de largo plazo), donde se debe incorporar, con especial atención, la valoración y la protección de los recursos naturales y la formación del capital humano, como elementos fundamentales de la base productiva nacional. La sostenibilidad del desarrollo está altamente relacionada con patrones de utilización de los recursos naturales, la calidad del ambiente y sobre todo con la disponibilidad de recursos naturales, considerando que son ilimitados y su recuperación es muy lenta y costosa.

    El patrón de producción nacional se basa en las actividades productivas generadas por los sectores agropecuario, industrial y servicios, cuya base de producción es generalmente los recursos naturales, al igual que sucede con el sector energético que genera electricidad con base en el recurso agua; asimismo, el valor agregado por las actividades manufactureras es de aproximadamente más de la mitad en ramas como el procesamiento de alimentos y los productos de madera que utilizan los recursos naturales como materias primas.

    El uso inadecuado de los recursos naturales está determinado, en gran parte, por el poco valor que los usuarios les dan, en razón de los precios subsidiados a los cuales se adquieren para ser utilizados en los procesos de producción de bienes y servicios. Lo anterior, porque el sistema de precios actual no logra determinar, con eficiencia, el precio de este tipo de recursos, generando valores subestimados que no guardan relación con su escasez.

    La toma de conciencia de que existe una subvaloración de los recursos naturales y que se carece de un sistema de contabilidad que registre y permita monitorear la disponibilidad y consumo de los recursos naturales, así como internalizar los costos en que se incurre al disponer de estos recursos para ser utilizados en el consumo humano y en los procesos productivos, es fundamental para la sostenibilidad nacional y la satisfacción de las necesidades derivadas de la población.

    Además de los esfuerzos emprendidos en áreas como la prestación de servicios ambientales y fijación de carbono, es urgente continuar con las acciones de valoración económica de los recursos naturales que aseguren su uso adecuado. En este sentido, es fundamental que la ARESEP continúe impulsando los estudios ambientales que permitan determinar el valor real de los servicios públicos que utilicen recursos naturales, de tal forma que las tarifas contemplen los costos de capital, de operación y de mantenimiento del recurso utilizado. En igual dirección, se debe trabajar en relación con el bosque para que el precio de los productos forestales refleje el verdadero valor y escasez del recurso, incluyendo los costos incurridos al extraer el árbol del bosque, el sacrificio de la biodiversidad presente y el ingreso potencial que se deja de percibir por los servicios que podría ofrecer el bosque (ecoturismo, fijación de carbono y otros).

    El BCCR debe realizar esfuerzos para que el actual Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en el futuro considere el bosque, el suelo o el potencial pesquero como un capital que genera rendimientos, y que además incluya su consumo y depreciación. En esta tarea deben participar otras instituciones involucradas. El papel de las Universidades debe ser protagónico en el campo de la capacitación de los profesionales de instituciones públicas y privadas, que en un futuro deben convertirse en agentes catalizadores que faciliten el proceso de incorporación de estos conceptos en el quehacer diario de las instituciones involucradas en la administración de los recursos naturales en general.

        D.   FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

        1.   Fortalecimiento Institucional Ambiental

    Los esfuerzos por contar con un nuevo marco jurídico y administrativo menos rígido y burocrático, ha originado procesos de modernización y reestructuración de las instituciones ambientales. Con la creación del MINAE, como ente rector del ambiente y de los recursos naturales, se ha promovido un proceso de reforma del SINAP, integrando la Dirección General Forestal, el Servicio de Parques Nacionales y la Dirección General de Vida Silvestre. Adicionalmente la institución promueve acciones para fortalecer la capacidad institucional en la atención y manejo de los problemas relacionados con la degradación ambiental y los temas orientados de protección del recurso hídrico y el aire.

    En el Ministerio de Salud (MS) se plantea fortalecer la función rectora de la División de Saneamiento Ambiental (DSA), con una revisión de los procesos y organización institucional para modernizar su gestión, a nivel central, regional y local. Esta necesidad implica detallar actividades y estrategias de implementación, así como diseñar mecanismos de coordinación, elaborar procedimientos inherentes a los procesos rediseñados y establecer las instancias necesarias para dar continuidad al proceso de cambio en las actividades relacionadas con la mitigación de la degradación ambiental.

    Por otra parte el Ministerio de Educación Pública (MEP), ha promovido actividades de enseñanza académica para concientizar a la población en la evaluación de los problemas del desarrollo sostenible y adquirir conciencia, valores éticos y conocimientos técnicos sobre el ambiente.

    En 1997, se realiza una importante reestructuración institucional, con la aprobación de la Ley No. 7593 que crea la ARESEP y traslada al MINAE, el Departamento de Aguas del antiguo Servicio Nacional de Electricidad (SNE). Entre las principales atribuciones de este ente, destaca la concesión de aguas para todos los usos, además de competencias importantes para regular el uso del recurso mencionado.

    Las reformas institucionales, en aras de un funcionamiento más eficiente del sector ambiental, también se han realizado en otras instituciones de gran relevancia para el desarrollo nacional, concretamente en lo que se refiere a la protección y correcta administración de los recursos naturales, que son la base productiva de la economía; entre ellas se citan: el MAG, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el ICAA, el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFyL).

    En el fortalecimiento institucional ambiental, la política gubernamental en el próximo cuatrienio apunta al establecimiento de una estructura organizativa adecuada y de mecanismos de participación que promuevan la coordinación y concertación en el área ambiental, en el marco del denominado Triángulo de Solidaridad. Entre las acciones a impulsar destacan la formulación de una estrategia ambiental en el ámbito nacional con la participación del Estado, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil, las Municipalidades y la comunidad organizada. Ello implica la conformación del Consejo Nacional Ambiental (CONAM) de acuerdo con la Ley No. 7554, y el fortalecimiento de los Consejos Regionales Ambientales (CRA) en concordancia con la regionalización oficial del país.

2. Participación de la sociedad

    En los últimos años existe un crecimiento en el número de organizaciones, como reflejo del proceso de toma de conciencia sobre la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad en la gestión ambiental; para desarrollo de iniciativas de interés de la población en la protección de los recursos naturales y la disminución de la degradación ambiental. Las organizaciones comunales o cívicas, por lo general presentan grandes limitaciones técnicas para la canalización de recursos financieros a sus comunidades por problemas de gestión administrativa y falta de reconocimiento institucional. Por otro lado, existe una tendencia por los organismos donantes y las instituciones públicas, de promover el fortalecimiento de la ONG´s, a las cuales se les facilitan recursos financieros y funciones de representabilidad de la sociedad.

    Las ONG´s, tienden a asumir gradualmente actividades y servicios de la población y a incrementar su participación en los diferentes campos del desarrollo nacional, por vacíos existentes entre las instituciones del Estado constituyéndose en grupos intermedios entre el Gobierno y la sociedad civil. En este contexto, existen una serie de ellas creadas por el Estado, como la Fundación de Parques Nacionales, la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), la Fundación para el Area de Conservación Arenal (FUNDACA), la Fundación de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (FUNDECOOPERACION), y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio).

    Otro grupo de ONG´s son constituidos por ciudadanos que se interesan en promover actividades ambientales hacia la población para la venta de servicios, con el apoyo económico del Estado, las ONG´s estatales y la cooperación internacional. En este grupo destacan organizaciones como la fundación NEOTROPICA, el Centro Científico Tropical (CCT), la Asociación Conservacionista de Monteverde, la Federación de Organizaciones Conservacionistas (FECON), etc.

    En el surgimiento espontáneo de las ONG´s, se han detectado debilidades en el funcionamiento de algunas entidades cuyo fin primordial es la concentración en el mantenimiento de un aparato burocrático, sin la suficiente preocupación por aportar beneficios y servicios a la población meta y de generar recursos propios. Esta situación ha generado desconfianza, especialmente por las organizaciones comunales y la población en general.