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Publicado por La Nación

14/01/14

  • Propuesta será compartida a sectores en febrero por medio de talleres
  • Documento es paralelo a proyectos de ley que presentará Hacienda

El Gobierno realizará un nuevo intento por definir una política de empleo público por medio de una propuesta que dirige el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) como rector del sistema.

Así lo informó el ministro de Planificación, Roberto Gallardo.

La propuesta la elaboró el Consejo Sectorial de Empleo Público que agrupa al Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Servicio Civil, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Autoridad Presupuestaria y el Mideplan.

Mideplan tiene previsto realizar talleres de consulta en febrero con sectores vinculados para realimentar el documento.

Gallardo explicó que la iniciativa no forma parte de los proyectos de consolidación fiscal que presentará el Ministerio de Hacienda que también incluirán el tema.

Esta es la segunda vez que Mideplan abordará el tema.

Intento anterior. En agosto del 2012, el Ministerio de Planificación publicó un documento llamado: Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones del sector público costarricense , el cual contenía un diagnóstico de la situación del empleo público y un borrador de proyecto de ley para hacer correcciones.

No obstante, la iniciativa murió en el intento, pues los sindicatos se negaron a discutirlo.

Consultado sobre qué posibilidades de éxito tiene este nuevo intento, Gallardo dijo que el plan anterior no es un insumo para esta política de empleo público, la cual trata de un ordenamiento del sector, pero que su énfasis no está en aspectos salariales.

En su Memoria anual del 2007, la Contraloría General de la República describió algunos de los problemas que enfrenta el empleo público, entre ellos la carencia de un registro de servidores, la falta de una rectoría, así como la proliferación de sistemas de remuneración, evaluación de desempeño e incentivos en las entidades.

Otra dificultad es que los salarios de los trabajadores –y de quienes se pensionaron–, están ligados entre sí, lo cual impide hacer mejoras a los que menos ganan.

Sobre el tema de la carencia de un registro de servidores, la Autoridad Presupuestaria realiza un conteo donde procura incluir a todas las entidades del sector público.

En el “Informe sobre la Gestión del Estado en Materia de Empleo Público en Procura de la Eficiencia Administrativa” del 2009, la Contraloría General de la República demandó al Poder Ejecutivo crear una rectoría del empleo público.

Dicha rectoría se creó, mediante un decreto ejecutivo, el 19 de julio del 2012 y recayó sobre Mideplan, luego de valorar a otras entidades, explicó la asesora del Ministro, Laura Fernández.

Sindicatos escucharían. Ayer se consultó a dos sindicatos su opinión sobre la idea.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anep), señaló están dispuestos a escuchar el plan.

“Nada se pierde con escuchar”, respondió Vargas.

Carlos Cabezas, secretario general de la Central General de Trabajadores, señaló que la decisión de asistir a los talleres es de la Junta Directiva, una vez que les hagan la convocatoria.

“Sí, tenemos interés en compartir ideas, pero tradicionalmente ese compartir ideas no es compartirlas, sino que ellos nos hacen un planteamiento de una única dirección, con poquísimas posibilidades de modificación, porque la lógica no lo permite y, cuando hacemos propuestas, no son aceptadas”, manifestó Cabezas.

Roberto Gallardo: “El énfasis no son los salarios”

Si el primer intento de proyecto de empleo público no fructificó, ¿qué les hace pensar que ahora si podría fructificar?

Estamos hablando de una política, que es una cosa que tiende al ordenamiento (...), su énfasis no está en los aspectos salariales en principio, sino que tiene que ver más con ámbitos de organización, con algunos principios que deberían regir al sector público como totalidad.

”El proyecto que en algún momento se presentó no es insumo de esta política de empleo público”.

Lo que yo entiendo es que la Contraloría quiere tener una política global de empleo público, pero ¿cómo se hace con el tema de la autonomía de las instituciones?

Hay una gran discusión con respecto a la fuerza de la directriz presidencial como instrumento para la ejecución de políticas públicas, pero el grueso de los 288.000 personas que trabajan para el sector público se encuentran en instituciones que sí pueden ser cobijadas por una política nacional de empleo.

¿Qué se entiende por autonomía?

Para nosotros la autonomía tiene que ver con la administración y con la ejecución de las políticas que el Gobierno Central define, hasta dónde llega eso en términos de su planilla es una zona gris.

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