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  • Instituciones Públicas  deberán articular acciones de manera integral y coherente con las estrategias, y planes de desarrollo a escala regional, territorial y local 

El pasado 25 de julio durante Consejo de Gobierno el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Olga Marta Sánchez, realizaron la firma de un  Decreto que contiene  el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo y establece la organización sectorial y territorial del Gobierno. Su objetivo es posibilitar que  el Estado,  direccione y articule políticas, objetivos y acciones  públicas contenidas en el  Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018,  a través de estructuras y funciones eficientes que garanticen una acción unitaria y coordinada para impactar positivamente en  el desarrollo nacional.

Concretamente, este reglamento define la organización, interrelación y  coordinación del conjunto de ministerios, instituciones descentralizadas y demás entes públicos que forman el Estado Costarricense. Para cumplir con estos compromisos, se han agrupado las instituciones en 14 sectores:

  1. Trabajo y Seguridad Social.
  2. Desarrollo Humano e Inclusión Social.
  3. Desarrollo Agropecuario y Rural.
  4. Educativo.
  5. Salud, Nutrición y Deporte.
  6. Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial.
  7. Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera.
  8. Cultura y Juventud.
  9. Transporte e Infraestructura.
  10. Seguridad Ciudadana y Justicia.
  11. Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
  12. Economía, Industria, Comercio y Turismo.
  13. Política Internacional .
  14. Vivienda y Asentamientos Humanos.

 

Cada sector está constituido por un conjunto de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas con acciones afines y complementarias entre sí en áreas del quehacer público, con este decreto, cada una de estas entidades deberá desarrollar un Plan Estratégico Sectorial de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 que actualmente se formula.

Asimismo, esta normativa incorpora un claro mandato para que  las instituciones y sectores  articulen,  de manera integral y coherente, sus acciones y recursos con las estrategias y planes de desarrollo a escala regional, territorial y local. También se les insta a animar la participación ciudadana en la formulación de propuestas y en la rendición de cuentas. Así, la organización sectorial establecida en este Reglamento deberá desarrollar estrategias, programas y proyectos que se articulen con integralidad y coherencia a los planes, instancias e instrumentos de planificación subnacional.

Este decreto define con claridad cuáles serán  las instancias de coordinación y articulación interinstitucional  como : los Consejos Regionales de Desarrollo, los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional como los espacios de encuentro, toma de decisiones y seguimiento de las acciones de desarrollo en cada uno de los distintos niveles que conforman la organización y gestión de las políticas públicas en los distintos espacios de la geografía nacional.

Además, la actual administración trabajará con cinco Consejos Presidenciales – económico, social, ambiental, seguridad y de competitividad-  que permitirán a la Presidencia de la República velar por el  cumplimiento y evaluación de las estrategias gubernamentales.

El Gobierno, a partir de este decreto establece la Red de Coordinación del Desarrollo Territorial y la Participación Ciudadana como una iniciativa concreta de promoción del desarrollo en regiones, territorios y localidades. Esta red de trabajo conformada por MIDEPLAN, Ministerio de la Presidencia, INDER, IFAM y DINADECO definirá los mecanismos e instrumentos para que las políticas, programas y proyectos de las instituciones públicas respondan a las necesidades y prioridades definidas por los actores de las regiones, territorios, cantones y comunidades.

En su discurso la Ministra de Planificación Indicó que “Costa Rica es un país diverso, multicultural, multiétnico, plurilinguistico y además con evidentes brechas estructurales a su interior. Esta realidad debe ser considerada para que las políticas y acciones públicas sean concordantes con esta diversidad.  Es por eso que las acciones de un Estado, de un gobierno, cobran valor público a partir de la capacidad que ellas tengan de generar cambios que sean coherentes con las aspiraciones, necesidades e intereses de las personas. Desde la valoración de su vida cotidiana, la vida de las personas siempre remite a un entorno comunitario, local, territorial, regional.... por tal motivo la planificación nacional y la organización de la institucionalidad pública deben ser coherentes con esta realidad”.

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