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  • Se presentó evidencias de que se sustrajeron expedientes y equipos de cómputo.
  • ¢5 mil millones del programa de becas de estudios universitarios o superiores han sido entregados con garantías insuficientes.

La Junta Interventora temporal no sustitutiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) conformada por el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Planificación, presentó un avance de labores, en el que documenta anomalías y denuncias, por lo que recomendó y solicitó a diferentes instancias realizar los procesos judiciales y administrativos correspondientes.

“Su función es diagnosticar la situación de JUDESUR  en seis meses; sin embargo ante importantes irregularidades encontradas y con el propósito de fortalecer a JUDESUR  en su papel de impulsar el desarrollo  de los cantones del sur, ha   recomendado al Poder Ejecutivo tomar las medidas  pertinentes”, indicó la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.

Los representantes de la Junta temporal demuestran en su avance y alertan que existe evidencia de que  funcionarios actuales de JUDESUR sustrajeron expedientes y equipos de cómputo de las oficinas de la Junta. Ante esta situación solicitaron el 8 se setiembre a la Fiscalía de  Probidad, Transparencia y Anticorrupción que autorizaran un allanamiento; diez días después, el 18 de setiembre respondieron que “no hay elementos”, pese a que se entregaron videos, notas e informes.

Entre otros componentes la Junta recomienda iniciar la revocatoria de Jorge Luis Jiménez (representante de la Municipalidad de Corredores); Enoc Rugama (municipalidad de Osa); Rafael Ángel Navarro (Coto Brus); Odiligia Leiva (Buenos Aires); Rayberth Vásquez (Golfito) y Oscar Alvarado (de las cooperativas). Todos miembros de la Junta Directiva, por diferentes razones que se deben aclarar como deudas pendientes e incompatibilidades e incumplimiento de deberes.

En seguimiento a lo anterior, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, envió oficio a los entes representantes de la Junta Directiva de JUDESUR  para que dieran explicaciones sobre los cuestionamientos señalados por la Junta de Intervención Parcial.  Solo la Municipalidad de Osa respondió rechazando dar explicaciones; el resto no dio respuesta.

Asimismo, se reseña en el avance un pago indebido de dietas por un monto de ¢2.8 millones, de 14 sesiones no realizadas del año 2011 al 2013, lo cual contraviene las disposiciones de la Procuraduría General de la República. Además, se señala deudas de directivos, por ¢3 millones a JUDESUR, de los cuales se autorizaron arreglos de pago individuales por ¢10 mil colones mensuales, sin intereses.

CONTRATACIONES Y RELACIONES FAMILIARES

Como parte de los hallazgos, se presenta una serie de contrataciones y relaciones familiares, que de acuerdo a la Junta Interventora, es una práctica que se realiza en esta institución. Documentaron los casos de Norman Acosta Araya, esposo de Wendy Araya (encargada de recursos humanos): 4 contrataciones por ¢12 millones por servicios de tecnologías de información; Elizabeth Trejos Madrigal, madre de Kattia Murillo (asesora legal): 4 contrataciones por ¢2.8 millones por servicios de confección de uniformes

También el caso de  Esteban Vargas Brenes, esposo de Marisol Ferreto (contadora) y Ulises Vargas Bustamante (tío de Vargas): 2 contrataciones por ¢8 millones por servicios de limpieza de quebrada cerca del Depósito y el de Freddy Vásquez Vargas, padre de Raybert Vásquez (representante de Golfito): 1 contratación por ¢8.9 millones por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica

“El nombramiento de una Junta Interventora temporal fue impulsado por el Ministerio de Hacienda, y se sustentó en el balance de resoluciones de la Auditoría Interna de JUDESUR e informes de la Contraloría General de la República, que alertaron sobre problemas acumulados en los últimos años”, indicó Luis Alberto Fallas, Viceministro de Planificación.

Se ha constatado  que ¢5 mil millones del programa de becas para estudios universitarios o superiores han sido entregados con garantías insuficientes, ni tomada en cuenta las familias más pobres.

Además, se señalan incumplimientos del Reglamento de Becas en cuanto a la inexistencia de estudios de capacidad de pago real y la ausencia de una política definida de topes por carreras y préstamos. Hay  ¢302 millones de créditos con garantías fiduciarias cuyos titulares tienen cuestionamientos, incluyendo morosidad con otras  instituciones e incluso cobros judiciales.

AÑOS DE IRREGULARIDADES

El 18 de agosto del 2014 el Gobierno decretó la intervención sin  sustitución de la Junta Directiva, ya que para el cumplimiento de su gestión JUDESUR presupuestó para el período 2007-2013 más de ₡70.000 millones, de los cuales solo se ejecutaron ₡39.659 millones, que representan un 57% de ejecución presupuestaria; dejando sin ejecutar más de ₡30.421 millones, equivalentes al 43 % del presupuesto que le fue asignado.

A pesar de la subejecución presupuestaria recurrente y el incumplimiento de sus objetivos estratégicos de desarrollo, JUDESUR continuó incrementando su límite presupuestario año a año; y engrosando su superávit. Los informes de la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de JUDESUR que fundamentan la recomendación de intervención temporal, señalan que a lo largo de los últimos 10 años han existido deficiencias en la planeación estratégica, la presupuestación, la ejecución, los controles, el seguimiento de las inversiones y la administración del recurso humano.

En el período analizado (2007-2013), para el caso puntual del impulso al desarrollo productivo y de infraestructura, el Departamento de Desarrollo de JUDESUR contó con un presupuesto de ₡56 mil millones, de los cuales solo ejecutó ₡26.000 millones.

JUDESUR es un ente público descentralizado, que adopta la forma de una institución semiautónoma, según lo dispone el artículo 10 de la Ley Nº 7730,  del 4 de diciembre de 1997, reforma a la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito. En este sentido, es responsabilidad de la sociedad costarricense y de sus instituciones contraloras, presupuestarias y de planificación, velar por su eficiencia y transparencia en el cumplimiento de sus funciones asignadas como agente de cambio y desarrollo de  cinco cantones de la Región Brunca.

 

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