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empleo-publicoEl tema de empleo público, de manera concreta, debe entenderse como la eficiente gestión del talento humano que trabaja en las instituciones públicas para generar bienes y servicios públicos de calidad, con oportunidad y cobertura, en concordancia con lo que demanda la sociedad costarricense y su estrategia de desarrollo.

La actual administración reconoce que existen deudas en esta materia y por tanto, es necesario tomar decisiones y realizar acciones para la mejora de la gestión del empleo público. En esta dirección, una información necesaria para el debate, es la incidencia actual de las remuneraciones del sector público en el Presupuesto Nacional, ya que  incluye las remuneraciones de los trabajadores del Gobierno Central y del Poder Judicial exclusivamente y constituye el 42% de lo que se paga al conjunto de todo el Sector Público.

Ese 42% se estructura de la siguiente manera: 24% Educación, 6.3% Poder Judicial, 2.9% Seguridad Pública y el 8,3% restante corresponde a los salarios de trabajadores de más de 40 instituciones del Gobierno Central.

El otro 58% de las remuneraciones a servidores públicos cuya fuente de financiamiento no es el Presupuesto Nacional y por ende no inciden en el déficit fiscal se distribuye de la siguiente manera: las Instituciones Descentralizadas no Empresariales el 29% de las remuneraciones, el 14% a las Empresas Públicas No Financieras, el 10% a las Instituciones Públicas Financieras, el 3% a los Gobiernos Locales y el 2% a los Órganos Desconcentrados.

Hay estudios que comprueban las asimetrías de las remuneraciones entre instituciones. En este sentido, la actual administración ha definido una agenda de temas específicos acerca de empleo público, que cito a continuación:

·    Análisis de los criterios de organización y gestión del trabajo al interior de las instituciones públicas para garantizar la satisfacción de la ciudadanía en cuanto a calidad, oportunidad y acceso a los bienes y servicios públicos.

·      Definición precisa de los perfiles requeridos por parte de los servidores públicos para brindar con calidad, oportunidad y eficacia los bienes y servicios institucionales.

·     Valoración del desempeño del talento humano sobre la base de la eficacia, innovación y probidad que permitan la rendición de cuentas colectiva e individual, concordantes con una gestión pública por resultados.

·      Revisión de las abigarradas estructuras de puestos actuales hacia sistemas más simplificados y reglas más claras de gestión del empleo (reclutamiento, selección, ascensos, antigüedad, capacitación, entre ellos).

·     Amplio debate y acuerdos sobre los sistemas de remuneraciones en todo el sector público, tanto el que se financia con presupuesto nacional como el que tiene otras fuentes de financiamiento, ante el reconocimiento de inequidades entre y al interior de las instituciones.

·    Ordenamiento del empleo público a partir de la constitución de distintos estatutos de empleo público, que compartan principios y objetivos de manera transversal, pero que considere y respete las particularidades y necesidades propias de cada uno de ellos.

Abonado a lo anterior, cabe destacar que la administración Solís Rivera tomó medidas que impactan la gestión del empleo público según la agenda antes descrita:

1.       La Directriz 023-H-2015, “SOBRE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIAEN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” en todo su articulado establece parámetros al Gobierno Central e instituciones adscritas,  para la formulación y la ejecución presupuestaria que regirá el año 2016. Para el tema de la gestión del empleo público resulta particularmente relevante el art. Artículo 24:

 “El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con la participación de cada uno de los ministerios del Poder Ejecutivo, con el fin de mejorar la eficiencia en el gasto y la prestación de bienes y servicios a las ciudadanas y ciudadanos deberá realizar un estudio en cada Ministerio y órganos adscrito que permita: a)determinar si existen duplicidades en las áreas financiero-contables, administrativas, administración de recursos humanos, auditorías, legales, sistemas informáticos y de cómputo y otras; b)la cantidad de plazas fijas y temporales y el costo total de esos recursos humanos utilizados en cada una de ellas, a partir de información consolidada en el Ministerio de Hacienda c)Recomendar las medidas que permitan subsanar duplicidades en caso de que existan y particularmente su impacto en la asignación futura de plazas fijas y temporales. Dicho estudio deberá estar concluido en su totalidad, para el conjunto de ministerios del Poder Ejecutivo y sus órganos adscritos para marzo del 2017. Estos estudios se presentarán ante la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Público, a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria “.  

2.       Ante condiciones laborales negociadas por administraciones anteriores en el marco de convenciones colectivas, se han tomado tres medidas concretas: a) la denuncia y revisión de convenciones colectivas en Acueductos y Alcantarillados, JAPDEVA, RECOPE y el INA, b) La reorganización de la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público con la participación de los ministros de Trabajo, Hacienda, Presidencia, el Director General de Servicio Civil y el jerarca de la institución donde se va a negociar la convención colectiva,  c) Directriz del Consejo de Gobierno a los bancos estatales para separar los  incentivos de las convenciones colectivas, eliminar los esquemas especiales para alta gerencia, excluir grupos con conflicto de interés del diseño y supervisión de regímenes de bonificación y redefinir topes máximos. Debe señalarse que estas medidas no afectan el Presupuesto Público Nacional ni se reflejan en el balance fiscal. Son decisiones concordantes con principios de austeridad y eficiencia que deben regir la gestión del empleo público en general en aras de reducir desigualdades.

3.       Para el caso de los sistemas de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Trabajo presentaron la iniciativa de ley tendiente a establecer cargas impositivas rigurosas a pensiones de privilegio. Anteriormente se había presentado otra iniciativa de ley sobre pensiones, que se encuentra recurrida en la Sala Constitucional.

4.       Para las tres negociaciones salariales de los trabajadores del Gobierno Central,  se ha tomado como criterio el nivel de inflación. Actualmente se desarrolla la tercera negociación salarial regida por este referente que garantiza austeridad y a la vez defensa del poder adquisitivo del salario.

5.       Se han aplicado, medidas de reducción del gasto público: congelamiento del 85% de las  plazas vacantes, disminución de horas extras, mayor rigurosidad y agilidad en las compras públicas, disminución de consultorías, gastos de viaje, alimentación, gastos protocolarios entre otros. Los controles periódicos arrojan resultados positivos en la disminución del gasto como lo ha informado reiteradamente el Ministerio de Hacienda.

6.       Para la planificación y presupuestación del año 2016 el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda han establecido un mecanismo para integrar el presupuesto de las instituciones del Gobierno Central a partir de programas y proyectos –con resultados y metas precisos- según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Es una medida fundamental para direccionar los recursos públicos sobre criterios sustantivos. Sistemas  de seguimiento de metas así como de ejecución presupuestaria de corto plazo acompañan este esfuerzo, orientado a sentar las bases para el cálculo de costos unitarios de las acciones públicas.

Junto a este conjunto de medidas y acciones ya tomadas y en marcha, actualmente se preparan  propuestas específicas para cada uno de los aspectos detallados en la agenda anteriormente enunciada y que son componentes de una política integral de mejora de la gestión del empleo público

Dichas propuestas serán presentadas ante mesas de diálogo y consulta con diversos actores para su discusión y enriquecimiento. El reto que se enfrenta en este momento sobre la gestión del empleo público es tan  sustantivo y estratégico que requiere ser discutido y analizado por diferentes actores sociales.

Como lo ha señalado el Sr. Presidente de la República la discusión serena y ponderada de cada uno de los temas directamente asociados a la gestión del empleo público debe ser la ruta previa para la toma de decisiones y  su puesta en operación.

Para conocer más sobre la perspectiva de gobierno en esta materia, descargue la presentación en pdf AQUI button a2

 

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