LUCHA CONTRA LA POBREZA

Los esfuerzos del Estado costarricense en torno a la lucha contra la pobreza se han orientado a actuar paralelamente sobre las causas que la generan y sobre las manifestaciones del fenómeno, en procura de reducir su magnitud y de mejorar las condiciones de vida de las familias en desventaja social, como elemento indispensable para alcanzar un desarrollo humano integral.

Internacionalmente Costa Rica se destaca por su alto nivel de vida; evidencia de lo anterior es la evolución de la pobreza, la cual de 1991 al 2001, descendió de 31,9% a un 20,3%. Sin embargo, en los últimos años al país le ha sido muy difícil reducir la pobreza por debajo del 20% sostenidamente.

El comportamiento general de los hogares en condición de extrema pobreza o indigencia presentan una tendencia oscilatoria, situación que debe analizarse con detenimiento en la medida de que tal condición se encuentra mayormente asociada a factores de tipo estructural y por ende, para enfrentarla se requiere de modificaciones tanto en el ámbito económico como en el social y cultural.

El gran peso de la población infantil (alrededor de uno de cada tres niños menores de 12 años) vive en condiciones de pobreza, las bajas tasas de ocupación y el reducido nivel de escolaridad, así como las altas tasas de desempleo abierto y la alta proporción de jefaturas de hogar femenina, representan características sociodemográficas de los hogares pobres que requieren ser enfrentadas para que los programas que se impulsan alcancen la efectividad esperada.

Dentro de una serie de factores que restan efectividad a la acción social en general y a los programas de lucha contra la pobreza en particular, se identificaron los siguientes al inicio de la Administración Rodríguez:

  1. Costa Rica ha desarrollado con éxito políticas de carácter universal alcanzando índices de desarrollo humano relativamente altos, colocándose a la vanguardia frente a países de condiciones similares. Sin embargo, para atender de forma efectiva la pobreza se hacía necesario complementar las políticas universales, con políticas y programas selectivos hacia la población objetivo. Los recursos aplicados a programas como bono de la vivienda, pensiones del régimen no contributivo, comedores escolares, servicios de salud y bono educativo financiados con FODESAF, eran percibidos en porción importante por costarricenses con niveles de ingreso medio. Esto le restaba efectividad e impacto a los programas.
  2. Persistió una duplicidad de funciones de las instituciones de acción social y una proliferación de programas sin articulación que genera duplicidad de gastos, encarecimiento de acciones y dispersión de recursos dirigidos hacia la misma población.
  3. La ausencia de coordinación en la ejecución de programas impedía enfrentar la pobreza de manera integral y en sus causas. Se atendían necesidades de forma separada y no se facilitaban las condiciones de promoción humana tendientes a generar una situación de bienestar sostenible para la familia o individuo sujeto de la acción social. En Costa Rica, los pobres percibían soluciones parciales y separadas de un conjunto institucional sin coordinación.
  4. Desarticulación entre la oferta de soluciones y la población objetivo: Eran los pobres precisamente las personas menos organizadas y con menor capacidad de gestión ante organizaciones oferentes de servicios, en algunos casos son otros sectores sociales quienes se veían beneficiados al percibir la ayuda del gobierno mediante programas dirigidos en forma no exclusiva a mejorar las condiciones de vida. Correspondió entonces al Gobierno asumir de manera especial, la representación de los sectores más desposeídos e incluir en la agenda de trabajo acciones directamente vinculadas con la atención de estos grupos de población y asegurar que esos recursos sean utilizados en atención a la población objetivo.
  5. Ausencia de sistemas efectivos de evaluación de impacto y eficiencia de los programas. Por ejemplo, en el caso de DESAF, a esta función se le había restado importancia ya que había perdido competencia en materia de evaluación y planificación, dado que se aprobaron leyes que asignan más del 77% a destinos específicos y la Contraloría General se pronunció (mediante oficio N° 786-OD) en cuanto a que "los recursos destinados por la ley (...) escapan a las medidas de control que la DESAF debe ejercer sobre los recursos de FODESAF, al variarse tácitamente su finalidad". Esto contradice el espíritu de la Ley N° 5662 que hace 24 años determinó que esos fondos debían dirigirse a atender las necesidades de los costarricenses en situación de pobreza.
  6. El alto componente de gasto administrativo reducía el porcentaje de recursos que llegaban efectivamente a la población. La inercia institucional no permitía variar programas que se desarrollan en un determinado momento aunque estos ya no fueran pertinentes.
  7. La legislación que asigna destinos específicos a los recursos de FODESAF en algunos casos permitía que no se atendiera la población meta. Además, los destinos específicos asignados por ley ascienden al 77%, de los cuales 53 puntos deben orientarse a pensiones de Régimen no Contributivo y bonos de vivienda.

Para enfrentar esas deficiencias el Gobierno ha planteado una serie de iniciativas que incorpora importantes elementos sobre la orientación de la política social en general y de la lucha contra la pobreza, en particular para el cuadrienio 1998-2002.

  1. Infancia y Adolescencia
  2. Transferencias Directas
  3. Trabajo y Calidad del Empleo
  4. Vivienda
  5. Drogadicción
  6. Personas con Discapacidad

 


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