DIAGNOSTICO DE LA ECONOMIA COSTARRICENSE

 

    La economía costarricense se encuentra en una época en donde se requiere replantear la pregunta sobre el papel del Estado, sus funciones y la forma de intervención sobre los agentes económicos. A lo largo de los años el Estado ha perdido su capacidad desarrollista y las instituciones públicas se han convertido en entidades ineficientes en donde el gasto responde más a la inercia de la burocracia que a prioridades definidas por el gobierno en turno.

    El Ministerio de Hacienda no ha sido capaz a través del tiempo de ordenar las finanzas públicas satisfactoriamente para que el déficit fiscal no se convierta en una traba al crecimiento económico. La persistencia de un alto déficit fiscal ha dado origen a una deuda interna la cual requiere que cada año se destine un mayor porcentaje de los gastos públicos al servicio de la deuda, con el consecuente sacrificio de recursos para sectores estratégicos como educación, salud e infraestructura.

DEFICIT FISCAL

    El déficit del sector público proviene no sólo del exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno Central, sino además de las pérdidas del Banco Central de Costa Rica como consecuencia de asumir operaciones cuasifiscales y activos no rentables.  Por la monetización de este déficit y para contener la presión que podría ejercer sobre la inflación, la autoridad monetaria es obligada a contraer el exceso de circulante mediante la colocación de bonos a tasas de interés mayores a la que recibe por los bonos del gobierno que debe comprar.

    En los últimos años, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas han venido generando superávit. En muchas ocasiones esos excedentes son consecuencia de limitaciones presupuestarias que impone el Gobierno Central con el fin de financiar el déficit fiscal. Esta situación ha impedido que las empresas públicas realicen inversiones con el fin de mantener y extender los servicios que actualmente prestan. Para 1998, se estima que el déficit del sector público rondará el 3,0% del PIB.

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL:

    A nivel del Gobierno Central, el gasto se descompone fundamentalmente en tres rubros: Giros, Intereses y Transferencias. Los giros que incluyen sueldos, salarios y pensiones, es el rubro de mayor importancia ya que en lo que va de la presente década ha significado, en promedio, alrededor del 58,0% del total con un crecimiento anual promedio del 24,8%. Es de mencionar que durante los últimos años ha sido cada vez menor.

    A pesar de que los intereses totales en la década pasada no superaron el 15,0% de las erogaciones totales, su importancia relativa se ha incrementado de forma notoria ubicándose 22,9% como promedio anual en la presente década y con un crecimiento anual promedio del 32,3% superior al del gasto total que registró un aumento del 25,2%.

    Las transferencias representan alrededor del 17,0% del gasto total siendo los pagos al sector privado los de mayor peso relativo (13,0%). En particular, destaca el vigoroso crecimiento de las partidas de pensiones, asignaciones familiares y los subsidios a las exportaciones conocidos como Certificados de Abono Tributario (CAT) que en el período 1994-1997 mostraron variaciones anualizadas del 30,0%, 34,2% y 20,5% respectivamente y para 1998 se estima que su crecimiento será aproximadamente del 45,0%. En el futuro se espera que este componente disminuya pues el otorgamiento de CATS se elimina en 1999, a pesar de que se siguen pagando hasta mediados del año 2001. Finalmente se pretende reforzar los controles en el otorgamiento de los CATS y gravarlos con el impuesto sobre la renta.

   Un análisis por destino indica que para el lapso 1990-1996 el 77,1% del gasto se asignaba a usos corrientes (consumo, intereses y transferencias) en tanto que el 22,9% restante se dedicaba al renglón de capital del cual la inversión real representó el 4,0% del gasto total. El establecimiento de límites al gasto del Gobierno Central ha sido un factor que ha contribuido al estancamiento de la inversión. Esos límites no parten de consideraciones sectoriales acerca de la asignación del mismo, lo cual resulta de fundamental importancia a fin de evaluar el efecto del gasto sobre los grupos hacia los que va asignado. Además no existe un vínculo entre la planificación y el presupuesto que considere los costos unitarios de los programas, ni un empate entre los planes de inversión de las instituciones públicas y un plan fiscal de mediano plazo.

 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

    Pese a que el Estado costarricense se financia básicamente mediante impuestos, la gran cantidad de ellos representa un serio escollo para la eficiencia en la recaudación. En efecto, los ingresos corrientes del Gobierno Central provienen de 70 tipos de ingresos de los cuales los tributarios representan el 95,6% del total. Además, solamente cuatro impuestos representan el 88,0% de las rentas tributarias, estos son: ventas (43,7%), consumo (17,1%), renta (15,9%) y derechos de importación (11,2%). Además los otros ingresos tributarios que generan únicamente 12% tienen un elevado costo administrativo.

    Un elemento importante de resaltar es la diferencia existente entre lo efectivamente recaudado por algunos impuestos respecto a lo que sería de esperar considerando sus tasas impositivas promedio lo cual es un indicador de la evasión y elusión (escudos fiscales, exenciones y exoneraciones) consecuentemente de los problemas relacionados con el cobro de los impuestos. Por ejemplo, el impuesto de ventas actualmente es del 13% y sólo representa 6,9% del PIB por recaudación interna y por importaciones. El impuesto sobre la renta tiene una base entre 10% y 20% y sólo genera 2,5% del PIB, además este impuesto posee serios problemas ya que trata de manera distinta a personas físicas y jurídicas, además del problema de la doble imposición de utilidades: el castigo al ahorro y el incentivo al endeudamiento bancario por parte de las empresas.

     A nivel estructural, el impuesto selectivo de consumo continúa abarcando una gama superior a los 100 artículos de los cuales siete de ellos recaudan 73% del total por este concepto. Por ello, a fin de lograr mayor eficiencia en la recaudación éste debería limitarse a los bienes más importantes. Por otro lado, pese a que el impuesto sobre las ventas se ha constituido en el principal rubro de recaudación, su cobertura se limita exclusivamente a los bienes dejando de lado los servicios, razón por la cual, es necesaria una ampliación de dicha cobertura.

    A nivel funcional, las reformas en el área administrativa iniciadas a partir del segundo semestre de 1996 necesitan continuarse y reforzarse, en particular, es necesario perfeccionar las bases de información para un adecuado registro y recaudo de los tributos, además, un recurso humano mejor entrenado rendirá mejor en un área tan importante como la tributaria. El concentrar la atención en los grandes contribuyentes es una tarea pendiente a fin de mejorar la fiscalización y el recaudo, así como revisar el esquema actual que sirve como escudo fiscal, como por ejemplo el Régimen de Tributación Simplificada.

DEUDA PUBLICA INTERNA:

    Durante la década de los ochenta, el financiamiento del déficit del Gobierno Central descansaba primordialmente en la obtención de recursos externos (préstamos), sin embargo, el cambio en las condiciones económicas internacionales ha hecho cada vez más difícil la obtención de los mismos con lo cual, dicho financiamiento se basó en endeudamiento interno. Los crecientes déficit fiscales y las tasas de interés cada vez mayores generaron un crecimiento desproporcional en este agregado. Desde 1995 la deuda interna bonificada como porcentaje del PIB fue superior al 30% llegando a representar en 1997 el 37% y elevando la deuda pública interna total al 50% del PIB. Esa situación originó un importante crecimiento en la razón intereses de la deuda interna respecto al gasto público total la cual era de 4,1% en 1984, 17,9% en 1991 y en 1997 23,1%.

    El rubro de pago por concepto de intereses reviste particular importancia debido a su magnitud. Si bien el déficit financiero del Gobierno Central se ha ubicado alrededor del 3,9% del PIB en la actual década un análisis del superávit primario muestra un resultado completamente diferente pues se alcanzó un superávit del 0,5% del PIB como promedio. En conclusión, el peso promedio del pago de intereses de la deuda ha sido de alrededor del 4,5% del PIB y para 1997 fue del 4,0%.

    No es sino hasta mediados de la presente década que se le brinda atención a este problema tratando de plantear alternativas para su manejo. Sin embargo, las limitaciones de índole político han complicado la implementación de las medidas sugeridas, las cuales resultan indispensables a fin de mejorar la estabilidad económica y lograr canalizar recursos hacia áreas de mayor importancia tales como salud, educación, vivienda e infraestructura.

CRECIMIENTO:

   A partir de 1983 el país ha venido experimentando una serie de transformaciones en su estructura económica por la implementación de los programas de ajuste estructural, la estabilización macroeconómica y la apertura comercial. Esto con el objetivo de lograr que se avance en el proceso de desarrollo bajo un esquema de eliminación de distorsiones que afectan la asignación eficiente de los recursos productivos y de promoción de exportaciones.

    En el período 1983-1997 el PIB presentó un crecimiento promedio del 4,1% anual, originado principalmente por el mayor dinamismo de los sectores secundario y terciario que mostraron tasas superiores al promedio del 4,2% y 4,3%, respectivamente. En términos percápita el crecimiento de la producción fue del 1,4%.    

    No obstante, cálculos de productividad de la economía costarricense muestran que Costa Rica no  ha alcanzado las tasas de crecimiento de la  productividad obtenidas treinta años atrás. Esto es sorprendente porque en promedio el crecimiento económico ha sido el resultado más de la inversión en capital físico y humano que en incrementos en productividad, y es indicativo de que el Estado no ha hecho bien su papel en proveer infraestructura y existe servicios productivos (carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, seguros, banca, electricidad, etc).

    También el pobre desempeño en la productividad muestra que las reformas en Costa Rica han sido tímidas y muy pausadas, es decir, ha faltado mayor profundidad y convicción nacional para emprender reformas más efectivas y duraderas.

    Incrementos en la productividad son la base del crecimiento económico. Por ello es importante la inversión extranjera directa, la cual es una generadora de efectos positivos sobre otras actividades locales relacionadas, así como la desregulación para eliminar barreras de ingreso a los mercados, la apertura comercial y las reformas de apertura en los sectores de servicios productivos, para mejorar su eficiencia y la productividad del resto de la economía.

Sector Agropecuario:

    El sector agropecuario aporta el 18% al PIB,  genera el 20,6% del empleo total y se encuentra integrado por tres subsectores: agrícola, pecuario y otros (madera, pesca y mejoras agrícolas). Los productos más dinámicos han sido: café, banano y los productos no tradicionales (especialmente flores, melones, piñas y productos del mar), alcanzando estos últimos un auge importante a partir de mediados de los ochenta con las políticas de promoción y diversificación de exportaciones. Sin embargo, en los últimos dos años la producción agropecuaria ha mostrado disminuciones del 0,4% en 1996 y en 1997 con un 0,7%, contrastando con el 6,2% de 1991 y el 4,1% de 1992.

    Entre los problemas que esta actividad enfrenta, destacan:

    En virtud de las dificultades que afectan al sector agropecuario, es necesaria la implementación de una serie de políticas sectoriales claras y coherentes sectoriales que contribuyan al mejoramiento de la actividad, promoviendo mayores niveles de crecimiento y empleo.

Sector Industrial:

    El sector industrial aporta el 21,5% al PIB, genera el 15,7% del empleo total. En los dos últimos años su ritmo de crecimiento fue menor al experimentado en años anteriores, tanto que en 1996 se registró una disminución del 4,1%.

    De las aproximadamente cinco mil industrias existentes el 93% dedican su producción al mercado interno, lo que las hace muy sensibles al comportamiento de la demanda interna y generan el 75% del empleo total, el restante corresponde a industrias dedicadas a la exportación. Dentro de éstas destacan las empresas de zonas francas, que a 1997 habían generado cerca de 25.000 empleos, con una inversión acumulada (sin contar INTEL) de $350 millones y operando unas 200 empresas con exportaciones de $628 millones. Es importante destacar el establecimiento de las llamadas empresas de avanzada o de alta tecnología, que suman 34, entre las más significativas están: Acer, Baxter, Conair, DSC Comunicaciones, LST Laser, Sawtek, Panasonic, Intel.

    La atracción de estas empresas responde a los buenos indicadores que en materia de recursos humanos ofrece la economía costarricense. Sin embargo, en competitividad, según el estudio elaborado por el INCAE y la Universidad de Harvard, Costa Rica ocupa el lugar treinta y cinco de los cincuenta y ocho países evaluados, pero el tercero para América Latina superada por Chile (13) y México (33). En ese estudio se evalúan aspectos relacionados con el mercado laboral, infraestructura, sistema financiero y tecnología.

    Sin embargo, el sector industrial de Costa Rica sigue mostrando hoy día las limitaciones que el  proteccionismo en cierto grado generó. La estructura de mercado es poco competitiva en la mayoría de los casos, la protección sobre muchos productos prevalece y su calidad es algunas veces deficiente.

    Dentro de los aspectos más relevantes que afectan al sector en forma negativa se deben considerar:

    Ante esta situación es indispensable la aplicación de un paquete de medidas de política sectorial orientadas a mejorar la competitividad y eficiencia, buscando constituir un sector industrial más integrado y moderno.

Microempresas, pequeñas y medianas empresas:

    Durante los últimos años, parte de la política de producción se ha orientado a mejorar la cultura empresarial como requisito para promover la modernización industrial y preparar al parque industrial para la apertura y la competencia sin dejar de lado a las micro, pequeñas y medianas empresas

    En el caso particular de Costa Rica se estima que entre un 15% y un 20% de los trabajadores están involucrados en el sector. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas que existen en el país pueden ser consideradas, de acuerdo al número de empleados, como micro empresas. Algunas cifras, indican que en Costa Rica, el 70% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores, un 87% tiene menos de 30 trabajadores.

Problemática de los micro empresarios:

     Este sector tiene que hacerle frente a varios problemas entre los que se pueden observar:

  1. Oferta de crédito:

  1. Demanda de crédito:

    Por estas circunstancias, es indispensable llevar a cabo la implementación de una serie de medidas de políticas sectorial con el propósito de promover un proceso de modernización e integración eficiente de las micro empresas para aprovechar el potencial que esas empresas tienen en la creación de riqueza y de empleo. Además se atacará la pobreza y se promoverá la descentralización y participación de la sociedad civil en las acciones nacionales, para garantizar el desarrollo de las empresas y con ello el del país.

INTEGRACION Y APERTURA COMERCIAL

    Para el desarrollo económico costarricense es imprescindible la participación en el comercio internacional, justificado por la pequeñez del mercado nacional y del centroamericano. La ampliación de las posibilidades de intercambio comercial promueve mayores niveles de especialización, economías de escala, eficiencia y una mayor capacidad de consumo. Un mercado altamente protegido no permite reconocer las oportunidades que los empresarios tienen para adquirir insumos y bienes de capital a precios y calidad competitivos, impide reconocer que las exportaciones pueden ser más rentables que las ventas internas y limita la capacidad de consumo de una sociedad.

    Costa Rica desde mediados de la década pasada optó por cambiar su modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones hacia uno de apertura al comercio internacional respaldado por los incentivos a las exportaciones. Las reformas introducidas contribuyeron a disminuir el sesgo antiexportador al reducir los aranceles y eliminar barreras no arancelarias. Esos esfuerzos se consolidaron con ocasión de la adhesión de Costa Rica al Acuerdo General de Aranceles y Comercio y luego en el momento de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, así como por la firma de tratados comerciales, en especial el Tratado de Libre Comercio con México que rige desde 1995.

    Las relaciones económicas de Costa Rica con el resto del mundo se han caracterizado por un persistente déficit comercial, compensado en parte por la entrada de divisas por el turismo y la inversión extranjera directa de los últimos años. El crecimiento de las importaciones se ha visto afectado no sólo por las reformas comerciales sino también por la ampliación de la demanda como consecuencia de las políticas fiscales expansionistas. Por otra parte, las exportaciones han tendido a diversificarse con productos no tradicionales como resultado de la aplicación de regímenes especiales para su promoción y al trato preferencial por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad todavía se mantiene la importancia de los productos tradicionales de exportación, así como la excesiva dependencia del mercado estadounidense, apróximadamente la mitad de las ventas externas tienen como destino ese país.

    Entre los problemas que condicionan el desempeño del intercambio comercial son de mencionar:

    Ante este panorama es fundamental promover una serie de acciones que conduzcan a ampliar las opciones de venta en el mercado externo para el productor nacional, así como de compra para los consumidores, propiciando una política arancelaria simplificada, estable y con tasas uniformemente bajas, fortaleciendo los vínculos bilaterales y multilaterales mediante una política activa de negociación para fortalecer las relaciones comerciales internacionales y poniendo en práctica una plataforma productiva competitiva.

 

TURISMO

    El turismo ha ganado un papel protagónico en la actividad económica nacional como fuente generadora de empleo, y de divisas por encima de las exportaciones de café y banano. Ese buen desempeño se originó por la atracción de las bellezas naturales que ofrece el país y entre otros elementos, a la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico de 1985 emitida con la finalidad de disminuir la dependencia de las exportaciones tradicionales. Además se dieron otros incentivos a servicios complementarios como transporte aéreo y acuático, agencias de viajes y arrendamiento de vehículos. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un estancamiento en su crecimiento lo que ha conducido a una disminución en la tasa de ocupación de los hoteles.

    La situación descrita se explica por:

    Ante ese panorama es fundamental impulsar una serie de acciones relacionadas con la promoción, profesionalización, eliminación de cargas tributaria, mejoramiento de la infraestructura y protección ambiental. Estos factores contribuirán al desarrollo de la actividad turística que ha sido catalogada como la principal industria por su potencial como creadora de empleo, inversión extranjera y promotora de un crecimiento económico compatible con el bienestar ambiental y el desarrollo rural.

CAPITAL FISICO

   La disponibidad de capital físico o de inversión en una economía es indispensable como fuente generadora de riqueza al constituir un factor creador de puestos de trabajo y de ingresos en los procesos productivos. En este contexto, la política económica debe procurar crear un ambiente propicio con el propósito de minimizar riesgos y asegurar rentabilidades atractivas  para que el ahorro nacional se dirija al mejor empleo, así como para atraer recursos externos que dada la limitación de los nacionales es indispensable para financiar las necesidades de inversión de los sectores público y privado.

    Entre los problemas que afectan al desarrollo de la inversión en la economía costarricense destacan:

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA:

    La inversión extranjera directa es esencial para contribuir con la diversificación de la estructura productiva, del comercio exterior, así como para superar la limitación de los recursos internos para atender las necesidades nacionales en infraestructura e incluso como mecanismo para ampliar el conocimiento y la capacitación.

    En los últimos años los flujos de inversión han mostrado un aumento importante, de tal forma que mientras en 1990 era de 2,8% del PIB, para 1998 se tiene previsto que se ubique en 5,0% del PIB, cifra semejante a la de los países del sudeste asiático. Ese crecimiento está asociado a las políticas comerciales seguidas para el fomento de las exportaciones y del turismo, de tal manera que las actividades con mayor predominio de inversión extranjera directa han sido los sectores industria, agroindustria y turismo.

    Las dificultades legales en sectores como generación de energía eléctrica, telecomunicaciones, seguros, desarrollo y mejoramiento de la infraestructura física del país han impedido la atracción de más flujos de inversión por lo cual es importante promover políticas que tiendan a fortalecer su atracción para el bienestar nacional.

INFRAESTRUCTURA:

    Para la actividad económica es indispensable contar con una infraestructura que garantice la prestación eficiente y competitiva de sus servicios, contribuyendo con la generación de riqueza. Durante los setenta se dio un importante desarrollo de infraestructura en puertos, carreteras y aeropuertos. Sin embargo, en la actualidad es notoria la disminución de la inversión en nuevas construcciones y reparaciones, con lo cual es evidente el deterioro de la misma lo que no responde a las exigencias de los nuevos desafíos para el desarrollo.

    Entre los problemas que se pueden mencionar en materia de infraestructura en Costa Rica destacan los siguientes:

Puertos:

Transporte aéreo:

Sistema Vial:

Transporte Ferroviario:

    Por la situación descrita es imprescindible tomar una serie de acciones para mejorar los puertos, aeropuertos y carreteras, así como poner en funcionamiento el sistema de ferrocarriles, con la finalidad disminuir los costos por los servicios de transporte que afectan tanto a productores como a consumidores constituyéndose en una traba para el desarrollo.

 

Sector telecomunicaciones:

    El proceso de globalización económica exige una renovación constante para poder competir adecuándose a las nuevas exigencias. El sector telecomunicaciones no está ausente de ese proceso y dado su impacto en la economía requiere de la modernización continua que le permita brindar a sus clientes servicios basados en calidad, precios competitivos y flexibilidad.

    Dentro de los problemas que genera la situación monopólica de las telecomunicaciones por parte del Estado, están:

    Ante la problemática descrita de este sector, es necesario llevar a cabo una serie de acciones que permitan el aumento en la eficiencia, cobertura y amplitud de los servicios, así como una reducción significativa en los costos, por lo que la apertura se constituye en un instrumento para promover un sistema más competitivo con inyección de fondos del sector pivado.

Sector energético

   El sector energético es vital para la promoción del desarrollo futuro del país, por lo que es necesario consolidarlo sobre bases firmes de competitividad. La producción nacional de energía eléctrica en 1997 fue de 5.589 GWh, de los cuales el sector privado aportó solamente 8,2%, mientras que por ley podría producir hasta un 30% del total generado por el Sistema Eléctrico Nacional.

    Adicionalmente, en mayo de 1995 se modificó el requisito de la participación del capital social de las empresas generadoras de electricidad aportado por nacionales del 65% a 35%. Asimismo, se aumentó el período contractual de 15 a 20 años, siendo su reforma más importante la incorporación del capítulo llamado Régimen de Competencia, que faculta al ICE  la compra de energía en bloques de hasta 50 MW bajo licitación pública.

    Entre los principales problemas que condicionan la actividad eléctrica están:

    Por la situación planteada es evidente la necesidad de llevar a la práctica una serie de medidas que contribuyan a la modernización del sector eléctrico mediante una mayor participación del sector privado, ajustándose a las nuevas demandas de los sectores productivos.

Hidrocarburos:

    La actividad de hidrocarburos se divide en tres grandes áreas: exploración y explotación; importación, refinación y distribución; y, comercialización. La primera se ha venido dejando de lado por lo costoso de la ejecución de este tipo de proyectos y la segunda es monopolio del Estado, realizada por medio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), quien refina aproximadamente el 37%, el restante corresponde a importaciones de producto terminado.

    Ante esta situación es necesario generar las condiciones básicas, que incentiven el uso de nuevas fuentes de energía y incentiven la participación del sector privado, para ello se implementarán las políticas necesarias que promuevan un mayor desarrollo y competencia en el mercado de los hidrocarburos.

SECTOR FINANCIERO

   La intermediación financiera constituye el mecanismo por medio del cual se canalizan los fondos ociosos de los ahorrantes hacia los agentes que los demandan. Esta labor contribuye con el desarrollo económico al asignar eficientemente los recursos disponibles de la colectividad hacia actividades productivas. Para lograr ese objetivo el sistema financiero debe realizar la labor de intermediación al menor costo posible reduciendo la brecha entre las tasas de interés activas y pasivas, agilizando los trámites necesarios para los ahorrantes y deudores; y movilizando mayores montos en términos reales.

    La economía costarricense ha experimentado en el ámbito financiero un proceso de reformas legales que han otorgado mayor libertad a los entes bancarios para sus operaciones, así como la creación de nuevos instrumentos financieros, mayor participación de intermediarios no bancarios, mejor supervisión y una mayor apertura de la cuenta de capitales con la flexibilidad del régimen cambiario. No obstante, según el índice de eficiencia bancaria elaborado por el Banco Mundial, Costa Rica ocupaba en 1994 el lugar 18 entre 25 países de América Latina y el Caribe, arriba solamente de países como Nicaragua y Haití.

    El desarrollo del sistema bancario ha estado limitado por los siguientes problemas:

    Ante este panorama, para que el sistema financiero costarricense contribuya con el crecimiento económico, es fundamental impulsar políticas que fomenten un ambiente macroeconómico estable, eviten el proceso inflacionario, propicien la competencia y mejoren la supervisión.

VALORES

    El fortalecimiento del mercado de valores es fundamental para proveer de recursos financieros hacia los proyectos generadores de riqueza y crecimiento económico. En Cosa Rica ese mercado se ha visto sujeto a una serie de modificaciones que le han permitido un mejor funcionamiento tales como: la creación de la Superintendencia General de Valores, la automatización del sistema de negociación, la disminución de las cargas por transar en Bolsa, la apertura de oportunidades de integración con los mercados centroamericanos y el crecimiento en el número de transacciones, de emisores, de operaciones y de volumen.

    Aunque el mercado bursátil ha experimentado esas mejoras continúa presentando algunas limitaciones por las cuales no propicia el ahorro de largo plazo, tales como:

    Por lo tanto, es indispensable impulsar políticas que tiendan al desarrollo de ese sector con la finalidad de mejorar las condiciones actuales que obstaculizan el crecimiento económico.

SEGUROS:

    En Costa Rica, desde 1924 se estableció el monopolio estatal para todos los tipos de seguros con excepción de los contratos concertados por las compañías de seguros de vida constituidas como cooperativas o mutualidades. Ese funcionamiento tan limitado del sistema de aseguramiento presenta los siguientes problemas:

    Esas limitaciones no están de acuerdo con las necesidades que un modelo de desarrollo basado en la apertura comercial y de servicios supone, por lo tanto, las acciones encaminadas a la modernización del mercado de seguros promoviendo la eliminación del monopolio están en la dirección correcta para procurar un ambiente propicio para la inserción inteligente de la economía nacional en el resto del mundo.

PENSIONES:

    Un factor esencial para el sistema de seguridad social costarricense lo constituye el sistema previsional. En Costa Rica se cuenta con los siguientes regímenes de pensiones:

  1. Los regímenes generales de pensiones que incluye el de Invalidez, Vejez y Muerte, el no contributivo por monto básico y los regímenes especiales del Magisterio Nacional, Poder Judicial, Hacienda, Obras Públicas, Gracia, Correos y Telégrafos.
  2. Los regímenes contributivos y obligatorios de pensiones complementarias, y
  3. Los regímenes contributivos voluntarios.

    Entre los problemas que se pueden mencionar y que condicionan el funcionamiento del sistema previsional costarricense están:

    Por estas circunstancias es imprescindible la revisión del sistema de pensiones para establecer una estrategia que responda a cómo se financiará en el futuro considerando las dificultades financieras por parte del Estado en la actualidad y que contribuyan al desarrollo del mercado de capitales de largo plazo para hacer proyectos de inversión que contribuyan con el crecimiento.

    Se pretende establecer un sistema universal de pensiones, para que todos las personas pobre mayores de 65 años dispongan de una pensión no contributiva equivalente al 50% del monto mínimo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Los recursos para la universalización de las pensiones provienen de montos actualmente asignados a FODESAF más recursos nuevos provenientes de la venta de activos y concesiones de uso de las frecuencias de telecomunicaciones. Para un mayor detalle de las reformas necesarias en pensiones, se refiere al documento de concertación sobre el tema.

CIENCIA Y TECNOLOGIA:

    La ciencia y la tecnología conjuntamente con la educación son los pilares fundamentales sobre los cuales debe descansar el desarrollo presente y futuro de Costa Rica en la medida que son un medio para mejorar las técnicas de producción lográndose mayores niveles de valor agregado. Este objetivo debe articularse con la política orientada a los sectores productivos, con el fin de obtener resultados en la mejora constante de los procesos de producción y en la generación de fuentes de empleo bien remuneradas, elevándose así el nivel de vida de los trabajadores.

    Dentro de los problemas que enfrenta la ciencia y la tecnología se pueden mencionar:

    Por los problemas señalados y la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología es impostergable llevar a cabo políticas que conduzcan al fortalecimiento de esta área para contribuir con el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

 

Apéndice

Experiencia Internacional en Reforma Económica 

    Costa Rica, desde la década pasada, ha impulsado un importante proceso de reformas en la estructura económica con la finalidad de participar activamente en las corrientes internacionales del comercio y obtener sus beneficios, tarea que muchos países han emprendido en la búsqueda del desarrollo económico y social. Entre las medidas tomadas destacan las reformas impulsadas en los sectores financiero y de comercio interno y externo, así como la redefinición de las funciones del sector público, mediante una mayor participación de los agentes privados en la actividad económica. 

    Se reconoce que este proceso sería exitoso a largo plazo, si se ejecutan la mayoría de los cambios necesarios en todos los ámbitos, debido a la estrecha relación entre los diversos sectores de la economía. De esta manera, para la sostenibilidad del proceso no es suficiente realizar acciones de manera aislada o independientemente del avance de otras, ya que si bien cada una de ellas contribuye con las posibilidades de crecimiento, éste se maximiza si el accionar de todas las partes involucradas avanza en la dirección deseada.  

    Por otra parte, debido a las características estructurales, la economía costarricense se halla muy vinculada y depende en alto grado, de los acontecimientos que se generan a nivel mundial en el campo económico. Por estas circunstancias, la toma de decisiones nacionales debe considerar el rumbo que han seguido otros países y los resultados que han obtenido a fin de prever, con las limitaciones del caso, la situación de Costa Rica en el largo plazo. Cabe agregar que la evolución económica de los países latinoamericanos sugiere que los casos donde el crecimiento se ha acelerado más, son aquellos en los cuales se han hecho mayores avances en las reformas estructurales y Costa Rica se clasifica fuera de este grupo como un país que ha reformado muy lentamente.

    La lentitud en las reformas económicas, así como la inacción en otras áreas, han producido en Costa Rica problemas de inestabilidad, pues hemos sufrido de inflación alta y variable, así como de ciclos económicos cortos de crecimiento y estancamiento. Del mismo modo, las bajas tasas de crecimiento económico no les permite a los costarricenses llenar sus aspiraciones, generar empleos buenos y suficientes, enfrentar los problemas de pobreza rápidamente, ni generar los recursos para programas sociales, como educación y salud. 

    Además existe un problema de falta de oportunidades. Tenemos ciudadanos capaces que se quedan sin estudiar o familias que no pueden salir del círculo vicioso de la pobreza porque no tienen acceso al crédito para fundar una microempresa, para capacitarse o para poder trabajar y dejar a sus hijos bien cuidados.

    En este contexto, la política económica costarricense va encaminada a la creación o fortalecimiento de una serie de condiciones para lograr una economía más competitiva lo cual requiere un sistema financiero moderno, estabilidad macroeconómica, regímenes comerciales aptos para aprovechar los beneficios del libre comercio, mejoramiento de la infraestructura, así como alcanzar niveles educativos óptimos para la fuerza de trabajo.

    A continuación se exponen las ventajas del planteamiento para cada uno de los sectores que inciden en la actividad económica y la situación o los resultados que de acuerdo a la evidencia empírica se han generado en varios países como consecuencia del fortalecimiento de cada área a fin de contribuir con el desarrollo económico nacional en el futuro.

INFLACION Y CRECIMIENTO:

    Las reformas estructurales y de estabilización macroeconómica de la última década han elevado el crecimiento económico promedio de largo plazo de los países de la región latinoamericana en cerca de dos puntos porcentuales por año, según los señalan en forma consistente diversos estudios. 

    La evidencia muestra "que sin las reformas estructurales de la última década, el ingreso percápita en América Latina sería 12% inferior y el potencial de crecimiento del PIB hacia el futuro sería 1,9% más bajo de lo que es en la actualidad. Sin las reformas la productividad conjunta del trabajo y el capital habría continuado cayendo como venía ocurriendo desde los setentas y las tasas de inversión se habrían estancado en niveles inferiores en promedio al 17% del PIB... .Sin embargo, las reformas adelantadas hasta ahora son insuficientes para regresar a las tasas de crecimiento del orden del 5% que fueron usuales en el pasado, y menos aún para lograr los niveles superiores al 7% comunes en Asia del Este. Con las políticas actuales, las economías de la región pueden aspirar a crecer en promedio a un ritmo de sólo 3,8% anual" Ello es debido a que las reformas estructurales no han sido completas. Pero solo en parte, ya que "con reformas adicionales la región sólo podría aspirar a un 5,5% de crecimiento anual".  

    Para el grupo de países latinoamericanos en la última década, se ha verificado que "el crecimiento económico ha dependido muy significativamente y de manera negativa del ambiente macroeconómico (medido a través del nivel de la inflación y de su volatilidad y la del tipo de cambio real, de los términos de intercambio y de las variables monetarias y fiscales)". Desde el punto de vista de los recursos productivos de la economía, la reducción de la inflación y de su variabilidad permite reasignar hacia actividades productivas esfuerzos y recursos que antes se destinaban a evitar los costos y a obtener ganancias adicionales por los continuos e imprevisibles cambios de precios de los bienes, remuneraciones y activos de la economía. Esta situación conduce a mayores tasas de inversión, mejor distribución del ingreso y menores niveles de pobreza. Por otra parte, la estabilización genera una recuperación del gasto incidiendo en un crecimiento al menos temporal. 

    Otro factor que incide en las posibilidades de desarrollo económico lo constituye el nivel educativo de la fuerza de trabajo "el mayor obstáculo al crecimiento futuro de la región es el atraso en el esfuerzo educativo que está limitando tanto los ritmos de acumulación de factores como su productividad. Un año adicional de escolaridad de la fuerza de trabajo por encima de las tendencias actuales de esta variable en la próxima década podría elevar gradualmente el crecimiento hasta alcanzar ritmos del 6,5%." Combinando mejores políticas económicas con un mayor esfuerzo educativo, el ingreso percápita en América Latina dentro de una década podría ser "20% mayor y en dos décadas 50% más alto de lo que sería sin estas estrategias." 

    En el caso particular de Costa Rica, el estudio del BID señala que si bien con las políticas aplicadas hasta 1995 se alcanzaron crecimientos de la producción alrededor del 4,0%, con mayores reformas y estabilización macroeconómica que disminuyan considerablemente los índices inflacionarios se alcanzarían tasas superiores al 6,0%, y si se desarrollaran mejores sistemas educativos dicho crecimiento se ubicaría aproximadamente entre siete y ocho por ciento. De hecho, Costa Rica se ubica como el segundo país en América Latina con mayor potencial de crecimiento después de Chile.

SISTEMA FINANCIERO: 

    Desde inicios de siglo ha existido un relativo consenso entre los economistas, en el sentido de que los servicios prestados por el sistema financiero son importantes para la promoción de la innovación tecnológica y para el crecimiento económico de largo plazo. Según la evidencia empírica, "las primeras evaluaciones de esta hipótesis se llevaron a cabo en la década de los setenta -Goldsmith (1969), Mckinnon (1973) y Shaw (1973)- para muestras pequeñas de países, con resultados que apoyaban la idea de que la mejor estructuración financiera de una economía acelera el crecimiento".  

    Los desarrollos teóricos recientes han presentado modelos de crecimiento en los que la intermediación financiera afecta la tasa de crecimiento del producto interno bruto per cápita en el largo plazo y se extrae la lección de que las políticas de represión del sistema financiero tienen efectos nocivos de largo plazo. 

    Según los planteamientos teóricos y confirmados en la práctica, el desarrollo del sector financiero promueve el crecimiento, porque sistemas financieros más desarrollados permiten una mejor asignación del ahorro, en el sentido de financiar proyectos de inversión más rentables y productivos. El sistema financiero desarrollado aparece como un arreglo institucional que tiene tres beneficios potenciales. En primer lugar, ofrece a los empresarios la información como un bien público. Así, cada interesado utiliza los datos sobre el retorno de los proyectos de inversión emprendidos por otros anteriormente. La mejor información le permite al sistema financiero actuar como un evaluador del riesgo de los proyectos de inversión y hace que al decidir financiar alguno de ellos, el intermediario actúe como asociado del empresario, de forma tal que comparta, al menos parcialmente, el riesgo de fracaso del mismo. Además con la diversificación del riesgo se estimulan los proyectos más rentables, estimulando el crecimiento. 

    En segundo lugar, entre más eficientes sean los intermediarios financieros, menor es la apropiación que hacen de los recursos obtenidos y mayor la canalizada hacia los créditos, permitiendo una mayor inversión.

    En tercero, el sistema financiero en su función de transformador de plazos permite la recomposición de los ahorros hacia los de más largo plazo, pues reduce el riesgo de iliquidez prematura de las inversiones más rentables y ofrece a los agentes la oportunidad de suavizar en el tiempo sus sendas de consumo, al permitirles manejar intertemporalmente su liquidez. Se reconoce que en ausencia de sistema financiero, o con uno en el cual la intermediación financiera sea muy costosa, los empresarios privados se verán obligados a auto-financiar sus proyectos de inversión, de forma tal que se verán guiados a llevar a cabo proyectos de menor escala que presumiblemente, resultarán menos eficientes. 

    Según investigaciones que evalúan el efecto de la represión financiera en algunos países, se concluye que una mayor represión genera efectos contractivos sobre el crecimiento a largo plazo al inducir el racionamiento del crédito, así como que los países con sistemas financieros más desarrollados crecen más rápidamente y dicho crecimiento resulta más sostenible a largo plazo. El argumento consiste en que "cuanto más reprimido e ineficiente se encuentre el sistema financiero mayor será el costo cobrado por la intermediación. Esto último deteriora el valor presente del flujo futuro de retornos a la inversión y por tanto, desestimula la formación de capital, la investigación y el desarrollo y frena el crecimiento

    Un elemento esencial para garantizar el buen desempeño del sistema financiero lo constituye el fortalecimiento de la supervisión. Stanley Fisher asegura que "una de las principales razones de que las crisis financieras sean hoy más comunes es la desreglamentación financiera interna antes de reformar adecuadamente las normas de disciplina y control y el marco normativo. Otra razón es la innovación financiera -con sus instrumentos nuevos y difíciles de entender que dejan a la zaga a los órganos reguladores. Un tercer factor es la liberalización financiera externa -la eliminación de los controles de capital- antes de que el sistema financiero interno y la política macroeconómica se hayan consolidado plenamente". Las recientes crisis del sistema financiero hicieron evidente la necesidad de tener en cuenta dos elementos fundamentales para la prevención, los cuales son: una mejor supervisión y reglamentación. 

    En este contexto, la política económica que se desea emprender en la actualidad costarricense contribuirá con la creación de un sistema financiero moderno adecuándose a los retos o exigencias que el futuro inmediato impone con la finalidad de garantizar el crecimiento económico sostenido.

APERTURA COMERCIAL: 

    El objetivo central de las reformas de la política comercial es hacer los mercados más competitivos y por tanto cambiar el comportamiento y funcionamiento de las empresas, es decir, crear competencia en los mercados protegidos domésticos, aumentar la eficiencia económica y obligar a la reducción de costos al nivel de las empresas internacionales. La ganancia en eficiencia es lograda mediante el incremento de la productividad y un cambio en la utilización de los recursos desde sectores ineficientes hacia los eficientes, lo cual contribuye con el crecimiento de la producción. En este contexto, existe un amplio convencimiento de que hace tiempo los países de la región latinoamericana "deberían haber orientado cada vez más la plataforma productiva de la región desde los estrechos confines del mercado interno hacia los mercados más amplios y dinámicos del exterior" mediante la disminución y eliminación de las barreras al comercio tanto arancelarias como no arancelarias. 

    Los resultados de algunas investigaciones confirman el vínculo entre las reformas de política comercial y las ganancias en eficiencia. En las mismas se concluye que "las reducciones en las tarifas sobre las importaciones están asociadas con el crecimiento del producto para un nivel dado de inversión y de utilización de la capacidad".  

    Las tres variables claves que pueden tener una mayor influencia en el crecimiento incluyen la disponibilidad de recursos, el acceso a nuevas tecnologías y las políticas gubernamentales que afectan la eficiencia en el uso de los recursos. Existen varios canales a través de los cuales las reformas comerciales pueden mejorar la eficiencia y el crecimiento. Primero, la competencia de las importaciones puede forzar a las firmas domésticas a aumentar la productividad. Las empresas nacionales pueden aumentar la productividad produciendo con economías de escala y logrando el rendimiento máximo posible dado un nivel de recursos. Segundo, la liberalización comercial puede también generar externalidades positivas tales como la difusión tecnológica.  

    De acuerdo a la evidencia empírica, los países que redujeron los niveles arancelarios sobre las importaciones experimentaron un aumento más grande en el crecimiento de la producción en comparación con los países que únicamente disminuyeron sus barreras no arancelarias. Asimismo, la evidencia confirma el enlace que existe entre la mayor competencia por los menores niveles de protección a las importaciones y el mejoramiento en la productividad por trabajador. Por otra parte, los países con mejor capital humano (alto nivel educativo) y producción más diversificada tienden a beneficiarse más de las reformas comerciales sobre la productividad. De esta manera, las mejoras que pueden experimentar los países menos desarrollados requieren de inversión humana y de capital.  

    Similarmente, los países con ajustes más intensos obtuvieron un mayor crecimiento de las exportaciones en comparación con los menos intensos. Por este resultado se concluye que, en general, las reformas comerciales no causan deterioro del saldo comercial por el aumento de las importaciones resultante de la liberalización comercial.  

    Por estas circunstancias, para que Costa Rica goce en el futuro de las ventajas descritas generadas por el libre comercio, es necesario continuar y profundizar los esfuerzos que se han realizado para ampliar las posibilidades de intercambio comercial con el resto del mundo.

INFRAESTRUCTURA 

    El desarrollo de una adecuada infraestructura es esencial para la promoción de un mayor nivel de actividad económica en la medida que garantice una prestación de servicios más eficiente y competitiva contribuyendo con esto a la generación de riqueza. En esta dirección el Banco Mundial considera "... que la infraestructura puede aportar grandes beneficios en términos de crecimiento económico, alivio de la pobreza y sostenibilidad ambiental, pero sólo cuando proporciona servicios que respondan a la demanda real y lo hace con eficiencia." 

    Costa Rica en este campo tiene grandes méritos, principalmente por el impulso que se le dio en las década de los setenta, como lo es el índice de cobertura de líneas telefónicas que duplican el promedio latinoamericano; las pérdidas de energía eléctrica en su transmisión, por debajo del resto de países latinoamericanos y una red de cobertura muy alta; la red vial tiene una densidad casi dos veces de la requerida considerando el tamaño del país. Sin embargo, a partir de la crisis de principios de los ochenta, se viene dando una reducción significativa en la inversión pública y en la capacidad del Estado como para continuar ejecutando el desarrollo de obras de infraestructura de importancia, de ahí la necesidad de que el sector privado tome una activa acción en este proceso, por que "... en los países en los que el sector privado se ha incorporado al financiamiento y gestión de la infraestructura se han obtenido importantes beneficios casi de inmediato (...)su incorporación mediante el sistema de concesiones o la privatización trae consigo nuevas técnicas empresariales y nueva tecnología"  

    En este sentido, se aprobó la Ley de Concesión de Obras y Servicios Públicos, de la cual se ha afirmado que "(...) el nuevo marco legal va a atraer inversiones privadas de empresas nacionales e internacionales, que ayudarán a ofrecer una mejor infraestructura, mejorando la competitividad de los productores costarricenses y beneficiando a los consumidores. Si efectivamente la participación privada en esta área es creciente, el Estado debería fortalecer su capacidad de regulación."

AREA FISCAL: 

    En el ámbito fiscal, los países de América Latina por lo general han identificado las siguientes reformas, con la finalidad de sanear las finanzas públicas y contribuir con un ambiente macroeconómico estable, así como poder asignar los recursos públicos a áreas en las que es necesario y socialmente deseable que el Estado fortalezca: 

  1. Privatización y eliminación de monopolios estatales: Estas medidas pretenden que el sector privado vuelva a ser el protagonista del nuevo modelo de desarrollo. La gestión de recursos es más eficiente e innovativa cuando los recursos son propios (sector privado), en lugar de ser ajenos (sector público), ya que mientras la empresa privada tiene como objetivo maximizar ganancias, la empresa pública posee múltiples objetivos (generar empleo, ayuda a grupos menos privilegiados, etc.). La actual acogida a la idea de la privatización y la apertura de monopolios estatales a nivel regional se fundamenta tanto en las anteriores razones, como en la necesidad de incrementar la productividad y la competitividad en la economía. Además, un objetivo secundario de la privatización y la apertura de mercados es la consecución de recursos por parte del fisco. En Sudamérica, las privatizaciones han significado ingresos fiscales de 1,0% al 2,0% del PIB por año y acumulativas del orden del 5,0% al 10,0%.
  2. En materia de privatizaciones conviene resaltar el caso de Argentina por su magnitud y el convencimiento existente en esa nación para llevar a cabo el traslado de activos estatales al sector privado. Del total de recursos generados por ese proceso en el período 1990-1993, el 52,1% se destinó al rescate de deuda pública, el 37,2% se recibió en efectivo para destinar a programas sociales y el 10,6% restante se dedicó a transferencia de pasivos.

  3. Reforma tributaria: Se ha buscado la adopción de sistemas tributarios más simples y menos distorsionantes que tienden a reducir la volatilidad fiscal y macroeconómica puesto que implica: i) sustituir impuestos al comercio exterior por impuestos domésticos con bases más amplias y estables como el impuesto al valor agregado para lograra una mayor equidad horizontal, ii) ampliar las bases de los impuestos y reducir las tasas marginales elevadas de los consumos o ingresos más inestables, iii) fortalecer los ingresos tributarios y reducir la dependencia de fuentes financieras inestables, como el impuesto inflacionario o el financiamiento de corto plazo, iv) rediseñar el impuesto sobre la renta y simplificación del sistema administrativo tributario, fortaleciendo el área operativa en términos de personal, tecnología y aspectos legales a fin de reducir la evasión y elusión. Asimismo, es indispensable considerar la necesidad de que los mecanismos de exclusión, administración y control no limiten el potencial de la recaudación de los diversos impuestos.

Una importante disyuntiva se presenta a la hora de considerar los incrementos impositivos ya que en un estudio realizado con una muestra de 103 países, se encontró que la carga tributaria total necesaria para maximizar el crecimiento es del 19,5% mientras que, si el objetivo es maximizar la recaudación la razón recaudación/PIB debe ubicarse en el 43,2%. De esta manera, un país que elige maximizar la recaudación en lugar del crecimiento económico verá reducido su nivel de crecimiento del 2,4% al 0,4% y luego de 40 años, un país que maximice el crecimiento económico tendrá el mismo nivel de recaudación que aquel cuyo objetivo fue el de maximizar la recaudación, sin embargo, los habitantes de esta primera nación tendrán más de tres veces el ingreso disponible que los de la segunda.

Un caso por considerar es el de Argentina, en el cual fue fundamental el consenso logrado para implementar las medidas de ajuste fiscales que se circunscriben a las siguientes acciones:

Si bien la nueva estructura tributaria tuvo su costo (alrededor del 3,0% del PIB) en términos de eliminación de tributos y contratación de personal así como la compra de equipo, los resultados de la misma sorprendieron a los analistas más pesimistas ya que en menos de tres años, la presión tributaria pasa del 15,0% (1990) a 20,0% (1993). A nivel más detallado, sólo tres impuestos explican este resultado: el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto a las ganancias y los impuestos a la seguridad social.

Otro caso interesante es el de Chile, país en el cual las principales medidas adoptadas en el área de los ingresos fueron:

Como resultado de estas medidas, entre 1990 y 1992 la recaudación impositiva creció un 39,2% en términos reales con lo cual, la presión tributaria pasó de 14,5% a 17,5%. El impuesto al valor agregado fue el más importante, pues significó alrededor del 50,0% de la recaudación. Las anteriores reformas no tuvieron efectos negativos importantes sobre el crecimiento económico y la inversión.

  1. Reforma previsional: Hasta la reforma chilena de 1981, el sistema de pensiones a nivel regional era de reparto, es decir, las cotizaciones de la fuerza de trabajo activa financiaban las pensiones de los jubilados con lo cual existía una transferencia intergeneracional. Sin embargo, la disminución en el ritmo de actividad económica, la caída en los salarios y el menor crecimiento de la fuerza laboral constituyeron obstáculos insalvables de dicho régimen y terminó generando déficits actuariales del 2,0% al 6,0% del PIB.

El sistema de pensiones recién planteado se basa en la capitalización individual, es decir, la pensión del trabajador depende del monto de su cotización y la rentabilidad de las inversiones efectuadas por la operadora de pensiones.

Las ventajas que ofrece este nuevo sistema son que, debido a que el monto de la pensión depende de las cotizaciones de la persona, se elimina el incentivo de subdeclarar que se hallaba presente en el sistema de reparto, además se incrementa el ahorro. Adicionalmente, por tratarse de fondos invertidos y no sólo repartidos, se elimina la tendencia del sistema de reparto de entregar excedentes a los ya jubilados. Una última ventaja es que en que la existencia de estos ahorros forzados permite profundizar los mercados financieros mediante inversiones a largo plazo.

La experiencia de Chile en materia de pensiones conviene comentarse brevemente ya que fue un elemento esencial para la contención del gasto público. En ese país se pasó de un sistema de reparto administrado por el Estado a uno de capitalización individual a cargo de administradoras de fondos de pensiones. Aunque el nuevo sistema tiene costos en términos de recursos fiscales y márgenes de administración y comercialización, los beneficios se reflejan en términos de acumulación, mayor transparencia y grado de aceptabilidad por parte de la población.

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