La medida busca reducir las afectaciones por congestión y asegurar la continuidad de los servicios públicos
El Gobierno de la República emitió una nueva directriz que extiende la aplicación excepcional del teletrabajo en el sector público hasta el 28 de febrero de 2027, como respuesta a las dificultades en el tránsito ocasionadas por la ejecución de proyectos viales en distintas zonas del país.
La Directriz N.°055-MIDEPLAN-MTSS-MOPT, firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro Álvarez; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, misma que se encuentra en la Imprenta Nacional para su publicación, insta a las instituciones de la Administración Pública Central e invita a la Administración Pública Descentralizada a implementar esta modalidad en aquellos puestos que así lo permitan.
La medida aplica para las personas funcionarias que se desplazan desde cantones del Occidente y Oriente del país, particularmente en las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y el cantón de Curridabat en San José, donde las obras de infraestructura vial han generado un impacto significativo en la movilidad y en los tiempos de traslado.
El objetivo de esta disposición es facilitar la continuidad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, mediante esquemas trabajo que contribuyan a mitigar los efectos de la congestión vehicular, sin afectar la atención a las personas usuarias.
Asimismo, la directriz establece que las instituciones deberán aplicar mecanismos de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de las funciones asignadas bajo esta modalidad, conforme a la normativa vigente en materia de teletrabajo.
Adicionalmente, se invita a los demás poderes del Estado, municipalidades, universidades estatales, empresas públicas, bancos estatales y al sector privado a valorar la adopción del teletrabajo como medida excepcional, considerando el impacto que los proyectos viales en ejecución generan en la movilidad de las personas trabajadoras.
La nueva directriz deroga la disposición anterior emitida en diciembre de 2025 y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para responder a las condiciones actuales de tránsito, priorizando la eficiencia del servicio público y el bienestar de las personas funcionarias.
