La propuesta del Poder Ejecutivo ha sido y será que las universidades públicas sean incluidas dentro de la aplicación general del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (LMEP) y que sus salarios se regulen de acuerdo con la columna salarial única que establece el mencionado proyecto, al igual que se propone para el resto de las instituciones públicas. La ley no intervendrá de ninguna manera en la enseñanza superior de diversas carreras universitarias ni en otras actividades conexas.
Para lograr que el proyecto LMEP cumpla el objetivo de ordenar las remuneraciones de todo el sector público, el Gobierno apoya la aprobación de la moción 331, la cual permitirá que universidades, municipalidades, poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones sean objeto de esta regulación, sin exclusión alguna, de forma que se garantice la equidad salarial y la eficiencia de las instituciones públicas, para alcanzar la estabilidad económica que el país requiere.