La ministra Marta Eugenia Esquivel remitió un oficio a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y el CONARE para denunciar dichas irregularidades.
MIDEPLAN, San José, 18 de junio de 2025 – En una nota oficial dirigida a María Estrada Sánchez, presidenta de la Comisión Nacional de Rectores; a Marta Acosta Acuña, Contralora General; y a Iván Vincenti Rojas, Procurador General de la República; la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Eugenia Esquivel, denunció una serie de irregularidades de las universidades públicas que estarían afectando directamente las finanzas del Estado.
El oficio detalla acciones específicas que, según la jerarca, violan la normativa vigente, entre ellas el uso del régimen de dedicación exclusiva, el traslado a salarios globales cuando el salario es menor al global contrario a lo dispuesto por el transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público, la construcción de edificaciones, el tratamiento al régimen de prohibición, así como disposiciones contenidas en distintos reglamentos internos.
Se menciona particularmente el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN), institución que ha emitido un Reglamento de Dedicación Exclusiva con aparentes inconsistencias legales. Según Esquivel Rodríguez, existen posibles irregularidades en la acreditación de pluses salariales otorgados por conceptos como dedicación exclusiva, anualidades, carrera profesional, prohibición e incentivos médicos, todo ello financiado con fondos públicos.
Ante este panorama, el MIDEPLAN insta a realizar las investigaciones administrativas correspondientes, con el objetivo de identificar y corregir posibles anomalías y establecer mecanismos efectivos de control. De no atenderse estas recomendaciones en el plazo de un mes calendario, el Ministerio solicitará a la Contraloría General de la República la no autorización del presupuesto institucional correspondiente a dicha casa de estudios, hasta tanto no se realicen los ajustes necesarios conforme al marco legal vigente.
El oficio también señala la construcción de nuevos edificios en varios campus de la Universidad de Costa Rica, los cuales presentan múltiples deficiencias y presuntas irregularidades en los procesos de contratación administrativa. Estas decisiones habrían generado costos adicionales en mantenimiento y reparaciones, los cuales pudieron evitarse mediante una adecuada inspección y fiscalización previa.
Por ello, se solicitó un informe detallado sobre cada una de las construcciones recientes, incluyendo estudios de factibilidad, análisis técnicos de diseño y la justificación de las obras con base en las necesidades detectada.
Asimismo, se expone el caso del Reglamento del Régimen de Prohibición de la Universidad Nacional, el cual ha sido objeto de análisis por parte de la Sala Constitucional, a solicitud de la Contraloría.
Ante esta situación, MIDEPLAN solicita suspender la aplicación de las normas impugnadas mientras se resuelve de fondo la acción de inconstitucionalidad. Además, se exhorta a la adopción de medidas preventivas o correctivas que garanticen los derechos fundamentales del personal afectado y la coherencia normativa interna de la institución. La universidad deberá remitir un informe institucional en un plazo no mayor a un mes calendario.
Entre otros hallazgos identificados en las universidades públicas, el MIDEPLAN enumera la ausencia de sustento técnico para justificar exclusiones, contradicciones entre el Marco Técnico Orientador y el Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), deficiencias en los modelos de valoración de puestos, incongruencias en las columnas salariales y falta de transparencia en la metodología utilizada para definir salarios.
“De cara a la futura negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2027, el cual deberá iniciarse el próximo año, se le insta proceder con la generación con un mecanismo de rendición de cuentas, el cual permita ante la ciudadanía general, brindar información clara y pertinente sobre el correcto manejo de dicho fondo, esto según el porcentaje que sea asignada a cada una de las instituciones de alta enseñanza. Esto con el fin de que las universidades públicas finalmente cumplan con la orden constitucional del artículo 11.”, señala el oficio firmado por la ministra Esquivel.
Esta acción responde a la necesidad de contar con estudios técnicos que respalden las decisiones administrativas adoptadas por las universidades públicas, así como de generar las correcciones necesarias para alinear su gestión con el marco legal vigente.
En caso de no atender las medidas requeridas dentro del plazo establecido, es decir, antes del 18 de julio de 2025, el MIDEPLAN presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, en virtud de las inconsistencias detectadas en la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento.