La ministra Marta Esquivel recomendó proceder a la revisión de la propuesta por posibles violaciones a las garantías constitucionales.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en su calidad de ente rector del empleo público y en cumplimiento del control de convencionalidad, instó formalmente al Poder Judicial a revisar a fondo la propuesta de “Reforma al Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda”, publicada recientemente en el Diario Oficial La Gaceta.
En criterio de la ministra Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, la propuesta plantea elementos que podrían contravenir la normativa constitucional y legal vigente, así como afectar principios fundamentales como la independencia judicial y el uso eficiente de los recursos públicos.
Uno de los principales señalamientos es la creación de un nuevo puesto administrativo denominado “gestora”, lo cual implicaría un incremento en la planilla sin que esto represente una solución efectiva a la mora judicial. Esta reforma no aporta mejoras en relación con el tema de la mora judicial, lo cual quebranta el cumplimiento efectivo del principio constitucional de justicia pronta y cumplida”, señala la jerarca Esquivel.
Además, el ministerio advierte sobre posibles restricciones a la independencia interna de los jueces, dado que la reforma propone que una Comisión canalice y atienda los acuerdos de los Consejos de Jueces, lo cual podría debilitar la autonomía funcional de estos órganos. “Si la Comisión de la Jurisdicción quiere controlar todo el accionar de coordinación debería analizar si mantiene los Consejos de Jueces de manera que no se dupliquen funciones, restando la independencia de la que deberían gozar los jueces.”, señala la misiva enviada por Mideplan a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de un criterio técnico institucional, Mideplan también urgió al Poder Judicial a cumplir con el mandato legal del artículo 136 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), que ordena la designación de un Tribunal de Casación especializado, una omisión que ha contribuido a la acumulación de casos y a la afectación de la seguridad jurídica.
Finalmente, esta cartera hizo un llamado a retomar de manera efectiva la regionalización de la jurisdicción contencioso-administrativa, alineada con la Política Nacional de Desarrollo Regional, como parte de los esfuerzos para cerrar brechas territoriales y mejorar el acceso a la justicia en todo el país.
La nota oficial dirigida a Silvia Navarro Romanini, Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, reitera el compromiso de Mideplan con la institucionalidad, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento del servicio público e insta al Poder Judicial a actuar con responsabilidad, legalidad y visión estratégica.