La solicitud se basa en la falta de estudios técnicos, financieros y jurídicos que respalden el régimen aprobado por la Universidad de Costa Rica.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), a través de su jerarca la Sra. Marta Esquivel Rodríguez, ha solicitado formalmente al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) la suspensión del régimen salarial académico actualmente en vigencia.
Esta solicitud se basa en la revisión de información pública recientemente divulgada, la cual revela que el régimen fue aprobado sin un estudio actuarial específico ni un criterio jurídico que garantice su validez y sostenibilidad. Por eso, se considera que esta falta de sustento genera inconsistencias importantes, tanto desde el punto de vista legal como económico.
Como entidad rectora del empleo público, Mideplan recuerda que, según la Ley Marco de Empleo Público, las universidades públicas —incluida la UCR— están sujetas a los principios de eficiencia, razonabilidad y transparencia y que cualquier normativa salarial debe estar debidamente justificada mediante estudios técnicos y financieros confiables.
“Estamos actuando con responsabilidad. El país necesita reglas claras y sostenibles en el manejo del empleo público. Un régimen salarial sin respaldo técnico ni legal adecuado pone en riesgo la equidad, la estabilidad financiera y la seguridad jurídica de las instituciones”, declaró la Ministra Marta Esquivel Rodríguez.
La normativa vigente establece que ningún acto administrativo puede ser contrario a la ciencia, la técnica o los principios de lógica y conveniencia. Por ello, mantener este régimen sin respaldo técnico podría incluso dar lugar a procesos judiciales por lesividad, lo cual se busca evitar con esta solicitud preventiva.
Desde Mideplan reiteramos la importancia de que toda política salarial en el sector público cuente con fundamentos técnicos claros, criterios jurídicos sólidos y estudios financieros actualizados, con el fin de asegurar la sostenibilidad del empleo público y el uso responsable de los recursos del Estado.