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Países de la región orientan sus políticas hacia el bienestar de la población

Fecha de publicación
07-07-21
Panel de participantes
  • El Índice de Pobreza Multidimensional ha permitido focalizar la atención integral a las poblaciones vulnerables en Costa Rica.

Durante  el foro “El bienestar en el centro de la formulación de políticas en América Latina y El Caribe (ALC)” desarrollado este miércoles por el Centro de desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Europea, se destacó la experiencia de países de la región, en  la implementación de sistemas de medición multidimensional de la pobreza hacia la atención integral de la población.

El bienestar de los pueblos no está dado únicamente por el ingreso económico, sino que incluye todas las dimensiones que afectan la vida de las personas. En Costa Rica se ha implementado la utilización del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que permite intervenir de manera más focalizada en atender  las carencias de la población.

Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, detalló la experiencia de Costa Rica en la implementación del IPM en la estrategia Puente al Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), en la presupuestación y la evaluación de políticas públicas, así como desde el sector privado  con el IPM empresarial. 

Además, Garrido destacó que “El IPM es clave para la reflexión sobre los desafíos de países en transición como el nuestro(…). Una herramienta tan poderosa como el IPM debe utilizarse para direccionar la gestión pública y cerrar brechas(…) Desde 2015 y hasta ahora, aún en pandemia, la pobreza multidimensional se ha reducido en 5%, la pobreza multidimensional pudo contenerse en plena crisis, gracias a la atención focalizada”.

El concepto de bienestar ha calado incluso en la estructura administrativa, tal es el caso de México que transformó la Secretaría de Desarrollo Social en la de Bienestar, reconociendo que “(...)poner en el centro a las personas es la clave para el bienestar y el desarrollo; para lograrlo se han enfocado en priorizar la atención en la población históricamente marginada, brindar atención en programas simultáneos y complementarios y establecer acciones que identifiquen las necesidades de las comunidades”, señaló Jaime Miguel Castañeda Salas, Director General de Planificación y Análisis de la Secretaría de Bienestar de México.

El ser humano en el centro

Asimismo, Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y Juan Daniel Oviedo, Director de la Oficina Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, se refirieron a los programas y políticas desarrolladas en sus respectivos países antes y durante la crisis del COVID-19.

Romina Boarini, directora del Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades de la OCDE, comentó que trabajan en un marco de bienestar, que aborda 11 dimensiones y anunció que pronto se presentará un informe del proyecto “Métricas de políticas para el bienestar y el desarrollo sostenible en ALC”, en el que se identifican indicadores comparables para medir el bienestar en la región. 

Aspectos como los conocimientos, calidad ambiental, seguridad, conciencia cívica o la salud, cada vez más están jugando un papel importante dentro de estas estrategias de desarrollo, las naciones están yendo hacia esa estrategia multidimensional que es fundamental para la recuperación”, manifestó Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y agregó que “(...)tenemos que ver cómo se involucra el bienestar en las políticas públicas, cómo se puede incluir en el presupuesto, en su implementación a nivel nacional y subnacional. El marco de bienestar puede informar sobre cuáles son las respuestas que la ciudadanía está demandando".

Uno de los aspectos que motivó este encuentro es la crisis sin precedentes que vive América Latina por la caída del crecimiento económico y el retroceso en la satisfacción de las necesidades de salud y educación, por la crisis de COVID-19.