- Poder Ejecutivo convoca hoy el proyecto de ley a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa.
- Ordenamiento legal y equidad salarial son las dos ambiciones más grandes de la propuesta, lo cual también permitiría un ahorro promedio de 1,1% del PIB por año.
- Propuesta se perfila como la reforma del Estado más importante de la Administración y permitirá cumplir con los estándares señalados por la OCDE en el tema.
El Poder Ejecutivo convocó hoy el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (LMEP) a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley fue dictaminado positivamente por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración en noviembre pasado y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) impulsará mociones para mejorarlo de acuerdo con análisis recientes.
La propuesta se perfila como la reforma del Estado más ambiciosa de la Administración cuyos alcances incluyen ordenar la dispersa legislación existente en el país sobre el tema, encaminar la equidad salarial en el sector público y al mismo tiempo lograr un ahorro promedio anual de hasta 1,1% del PIB que tendrá un profundo impacto en las finanzas públicas.
“Hemos trabajado con la comisión para identificar ajustes en los que hay consenso para impulsarlos vía moción, de manera que el texto final resguarde la regla fiscal, nos permita converger en un escenario que garantice equidad salarial (aunque sea gradual), que sea fiscalmente responsable, que tenga mínimo riesgo de litigiosidad y que garantice seguridad jurídica”, explica María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
El proyecto de ley propone eliminar los diversos regímenes de empleo existentes en la actualidad y, en su lugar, establecer un único régimen de empleo público, conformado por ocho familias de puestos.
Asimismo, ayudará a la sostenibilidad de las finanzas públicas al implementar una única columna salarial que eliminará la desigualdad salarial que existe en la actualidad entre personas funcionarias del Estado que realizan funciones idénticas en diferentes instituciones. De esta forma, se cumplirá el precepto constitucional que indica que a igual trabajo, igual salario en las mismas condiciones.
Aliado de las finanzas públicas
Según los más recientes análisis de Mideplan, con la nueva columna salarial alrededor de 28.600 personas tendrían salario inferior al global. Estas personas podrían migrar al salario global, lo cual implicaría un incremento en el gasto del Estado de ¢32.240 millones anualmente. No obstante, también se contemplan ahorros por la aplicación de la regla fiscal y el no pago de anualidades que oscilarían entre 0,6% del PIB solo en Gobierno Central en el año uno y alcanzarían un 0,9% del PIB en el año 14.
Dado que actualmente la deuda del país supera el 60% del PIB, la ley 9635 señala que se debe aplicar la regla fiscal que en el artículo 13, inciso c, indica: “No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”. De esta forma, y según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, hasta el año 2033, o sea, dentro de 12 años, la razón deuda-PIB será menor al 60% y se podrán otorgar nuevamente aumentos a las personas funcionarias.
“Este es un detalle vital, que modifica sustancialmente las proyecciones de los ahorros en el empleo público”, explica la ministra Garrido.
A esto se suma el hecho de que las actuales personas funcionarias que migren al salario global no recibirán anualidades; mientras que a quienes se mantengan en salario compuesto sí se les pagarían mientras mantengan un salario menor al global. Eso genera otro ahorro importante.
“En este sentido, al convocar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, impulsaremos un transitorio que, dada la situación de la deuda pública, incluya la aplicación de la regla fiscal y contemple los ahorros por anualidades que se dejarán de pagar a quienes se trasladen al salario global. Esto, generará un ahorro desde el año uno de 0,6% del PIB solo en Gobierno Central y alcanzaría un 0,9% del PIB en el año 14. Adicionalmente, contribuimos a la equidad salarial al permitir que personas funcionarias actuales migren al salario global, pero sin presionar las finanzas públicas. Quienes tienen un salario actual superior al global por su parte, verían congelado su salario hasta que se equipare con el global”, explicó Pilar Garrido.
Esta propuesta de ley busca modernizar el esquema de empleo público de nuestro país, para que esté a la altura de las buenas prácticas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como de las recomendaciones del Informe de Gobernanza Pública (2015) y del Informe del Comité Económico (2020) de esa entidad, lo cual garantiza estar a la vanguardia en legislación sobre la materia.
“No hay una mejor reforma del Estado que la que propone este proyecto de ley. Se podría proponer cerrar instituciones estatales, despedir personas y en un escenario extremo se lograría un ahorro de 1% del PIB, pero con sacrificio y debilitamiento de la función pública. Esta reforma genera 0,6% del PIB solo el primer año y permite continuidad del Estado, atraer y mantener el mejor talento en el sector público al tiempo que se promueve la equidad salarial y la eficiencia y la calidad del gasto y de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía” concluye la ministra Pilar Garrido.